Un consultor independiente entrevistado por CIES, el cual prefirió mantener el anonimato, opina que el otorgamiento de beneficios o privilegios tributarios a favor del sector agrario no garantiza su desarrollo. La poca rentabilidad y baja competitividad que afecta a dicho sector es un problema que se origina, principalmente, en la falta de capacidad empresarial en el campo. Esto se refleja, por ejemplo, en la falta de capital del agricultor, baja capacidad de negociación, limitado acceso a tecnología adecuada, restricciones para el acceso al crédito formal, entre otros. Basándose en los estudios comprendidos en el libro Desafíos del Desarrollo Rural en el Perú, publicado por CIES, el consultor indicó que no existe evidencia empírica que sustente que rebajar el IGV lograría incrementar la recaudación o solucionaría los problemas de agro.

El reto para lograr el desarrollo del agro consiste más bien en generar las condiciones adecuadas en el campo para que –a través de la inversión privada- se recupere la capacidad empresarial que transforme a este sector en uno competitivo. Se debe aprovechar las ventajas enormes que ofrecen las condiciones naturales privilegiadas del país y la abundancia de mano de obra. Todo ello en el marco de un contexto de estabilidad macroeconómica, liderazgo del sector privado, rol subsidiario del Estado e inserción competitiva en los mercados internacionales.

El problema radica en la alta informalidad del sector, que se origina fundamentalmente por la exoneración del pago de IGV que beneficia a los productores con ventas inferiores a las 50 UIT. Una reducción del IGV tendrá un efecto adverso inmediato sobre la Caja Fiscal, dado que los informales no tendrán ningún incentivo para pagar impuestos, mientras que los formales estarán afectos a una tasa sustantivamente menor. Evidencia de ello fue lo ocurrido cuando se disminuyó el IGV de arroz según la etapa en la cadena de producción/comercialización.

Un sistema de IGV diferenciado con una tasa de 3% para el producto final agropecuario y del 18% para el resto de bienes de la economía (incluidos los insumos utilizados en el proceso de producción agrícola) significaría un régimen confiscatorio del crédito fiscal para el agricultor, lo que en lugar de beneficiarlo lo perjudicaría.

Lo que parece implícito en la medida propuesta es que el Estado debería pagar a los agricultores –con dinero de la Caja fiscal- el diferencial entre el 3% del producto final y el 18% que se pagó en los insumos. Ello sería gravísimo, no sólo porque la Caja Fiscal no cuenta con recursos adicionales para ese tipo de subsidio ciego, sino porque hasta se podría pensar en que se abriría una puerta para fomentar la elusión tributaria. Bastaría comprar media hectárea, constituir una empresa agraria, y cargarle, en la medida de lo posible, compras de insumos realizadas para actividades no agrícolas.

Como se puede apreciar, el tema del impuesto como factor de competitividad es altamente discutible. Las medidas que se tomen para el desarrollo agrario no deben pasar por la modificación artificial de los precios a través de la manipulación de los impuestos para los insumos o producto final. Se debe fomentar la inversión privada en el campo, a través de la provisión de bienes y servicios públicos necesarios para el sector (sanidad agropecuaria, seguridad jurídica en el manejo de recursos tierra y agua, infraestructura, etc).

Finalmente, el actual sistema tributario agrario ha creado una mayor burocracia en el sistema de administración. Ha traído consigo modificaciones constantes del marco impositivo, hecho que no contribuye a crear conciencia tributaria. Ha generado la superposición de exoneraciones e incentivos que complican el régimen tributario. Ha elevado costos de fiscalización y cumplimiento y ha provocado evasión en distintas etapas de la cadena de producción. En contraposición, no ha tenido ningún efecto positivo sobre la rentabilidad del sector ni sobre su competitividad.

Opina Fernando Eguren (CEPES)
La protesta agraria protagonizada por las juntas de usuarios de distritos de riego fue desencadenada por el régimen del IGV y el sistema de detracción o pago adelantado que rige para el arroz y el azúcar (desde hace un año) y para el maíz amarillo duro, la caña de azúcar y el algodón rama (desde el 01/05/03). Tal como lo solicitaron la Junta Nacional de Usuarios de Distritos de Riego y las organizaciones agrupadas en el Comité Unitario de Gremios Agrarios (CUNGA), la aplicación de este régimen para el arroz y el maíz amarillo fue suspendida hasta el próximo 31 de agosto. Sin embargo y pese a los esfuerzos del Ministro Quijandría, esta suspensión no logró que la organización de los regantes se sumara a la tregua de 60 días decretada por el CUNGA.

La protesta de los agricultores se sintió con mayor fuerza en los principales valles productores de los cultivos afectos al llamado Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central (SPOT). Más allá de las motivaciones políticas que puedan haber tenido algunos dirigentes de las juntas de usuarios, no deja de ser cierto que para arroceros, maiceros y cañicultores la suspensión del sistema de detracción es una solución temporal y parcial. Nada garantiza que al cabo de los 90 días de vigencia de la suspensión se regrese a la anterior situación. Hasta el momento, el Ministerio de Economía sólo ha dado señales de intransigencia frente a un tema que está en agenda desde hace varios años. Tampoco es la primera vez que se firman actas o que se toman medidas temporales o parciales para apagar incendios, sin que el problema de fondo termine por resolverse.

El planteamiento de los gremios agrarios de fijar una tasa de IGV reducida a 3%, aplicable gradualmente empezando por los productos afectos al SPOT, o de 6% en la propuesta del MINAG, se viene estudiando desde el 2001, por lo menos. En ese momento, el Gobierno de Transición, ante la protesta del campo, se vio obligado a dar marcha atrás en el primer intento de eliminar de la lista de bienes exonerados de IGV a prácticamente todos los productos agrarios. Situaciones similares se presentaron a inicios del 2002 por la huelga de los algodoneros iqueños, y a mediados del mismo año por la de los arroceros de Lambayeque y San Martín.

Los gremios agrarios han hecho ver con propuestas técnicas que la tasa de 18% del IGV es inaplicable a la realidad económica y social de los productores. El impuesto es descontado del precio que reciben por sus cosechas, reduciendo más la escasa renta que obtienen de su actividad productiva. Esta situación se agrava en la medida que los productores no tienen a quién trasladarle el impuesto, ni posibilidades de acceder al crédito fiscal o al sistema de devolución de los tributos pagados en la compra de sus insumos. Por esta situación, un IGV de 18% sólo conduce a aumentar la informalidad de los productores agrarios.

Es cierto que la inmensa mayoría de los productores de arroz cáscara, maíz, caña de azúcar o algodón, con ventas anuales que no superan las 50 UIT (S/155 mil), están exonerados del IGV. Sin embargo, el sistema de detracción los excluye en la práctica de este beneficio. Dicho régimen obliga que se pague entre 10% y 12 % del valor de venta antes de trasladarse la cosecha, cualquiera que sea la modalidad de pago pactada. La Resolución No. 82-2003 de la SUNAT, dictada el 23 de mayo, ha suspendido “excepcionalmente” la aplicación de la detracción a la venta de arroz y maíz amarillo duro. No obstante, se restituirá, a partir del 1 de setiembre, la obligación del pago adelantado de impuestos.

Según ha explicado el titular de agricultura, la negativa del MEF a atender el reclamo agrario proviene del temor a que la modificación del régimen tributario vigente genere presiones de otros sectores para que se les dé igual trato. Pero el MEF debería recordar que el régimen tributario está siendo socavado por las exoneraciones vigentes desde la década pasada, las que atentan contra de la equidad y eficiencia de la recaudación.

Se ha informado también que el MEF estaría dispuesto a seguir estudiando la posibilidad de reducir la tasa de IGV al arroz y la caña de azúcar, pero que descarta hacerlo para el maíz amarillo duro, pues implicaría reducirlo también para el maíz importado. Se argumenta que esta medida impactaría negativamente en la recaudación fiscal, lo cual es cierto dado el importante volumen de estas importaciones (equivalente a cerca de US$ 90 millones en el 2002). Sin embargo, la Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO) ha mostrado que esa menor recaudación por IGV puede recuperarse con creces por la recaudación en Aduanas si se eleva el arancel al maíz importado, a manera de contrarrestar el gran subsidio que recibe la producción maicera estadounidense.

El MEF y la SUNAT deben evaluar los costos-beneficios de sus medidas, no sólo en términos de cuánto representan en más o menores ingresos para el fisco, sino también en cuánto afectan a la estabilidad política y económica del país. En todo caso, los gremios agrarios han hecho ver que una tasa de impuesto reducida no sólo hace justicia a su sector, sino que contribuirá a aumentar la base tributaria y la recaudación fiscal en el agro del bajo nivel en que ahora se encuentra.