Pensar que la lucha contra el narcotráfico se limita a estrategias de erradicación del cultivo de hojas de coca o a la interdicción de la PBC y del clorhidrato de cocaína, es un error. Peor aún si se recurre a fabricar conceptos fáciles e ideologizados como el de “narcoterrorismo” para identificar al sujeto del delito. Considerando la experiencia del Ministerio del Interior durante las gestiones de los Ministros Rospigliosi y Costa (agosto 2001 - enero 2003) presentamos un balance general de la estrategia y los resultados logrados en la lucha contra el narcotráfico durante ese periodo.

Determinación del área territorial
El problema del narcotráfico abarca gran parte del territorio nacional y tiene múltiples componentes, relaciones y actores. Para focalizar la acción de la Policía Nacional (PNP) contra el tráfico ilícito de drogas (TID), se seleccionaron 57 distritos ubicados en 25 provincias de los departamentos de Huánuco, San Martín, Ucayali, La Libertad, Amazonas, Junín, Pasco, Ayacucho y Huancavelica, donde se combinan la pobreza extrema, el cultivo de la hoja de coca, el narcotráfico y la presencia de remanentes de Sendero Luminoso. Como parte de la estrategia de lucha, se buscó concertar la acción del Estado y la sociedad civil para enfrentar en simultáneo la pobreza, el narcotráfico y el senderismo. Se designó a tres Comisionados para la Paz y el Desarrollo, se firmaron convenios con FONCODES y establecieron relaciones con diversas entidades del sector público como el MINED, MIMDES, PRONAA y la Mesa Nacional de Concertación de Lucha contra la Pobreza, entre otras. Sin embargo, los cambios de personal en el sector público han dificultado la continuidad del desarrollo de esta estrategia.

Erradicación gradual y concertada
No se puede negar que parte de la producción de hoja de coca se va al narcotráfico. De 36,000 hectáreas dedicadas al cultivo de hoja de coca en las catorce cuencas cocaleras del Perú, se estima que para el consumo tradicional y otros sería suficiente la producción de 12,000 a 18,000 hectáreas. Es decir, se tiene que tomar un acuerdo sobre el destino de la producción de las aproximadamente 24,000 hectáreas excedentes. Diversos estudios estiman, por ejemplo, que el 90 % de la producción de hoja de coca del Valle del río Apurímac y Ene (VRAE) va al narcotráfico.

El Estado no debe ceder en su obligación de erradicar la producción excedente de hoja de coca, por una cuestión de seguridad pública. El reto es hacerlo de común acuerdo con los agricultores y autoridades locales y no en contra de ellos. Haciendo caso omiso a las propuestas norteamericanas, se aprobó la erradicación de sólo 7 mil hectáreas de hoja de coca para el 2002. Esta meta se cumplió introduciendo la estrategia de la autoerradicación y la decisión firme y no negociable de erradicar cultivos nuevos, circundantes a pozas de maceración y los ubicados en los parques y reservas nacionales. Sin embargo, el compromiso asumido por el Ministerio del Interior de erradicar 12 mil hectáreas de hoja de coca para el 2003 parece exceder el límite del riesgo social, si se consideran las dificultades de los programas de desarrollo alternativo y de financiamiento para compensar a los productores.

El desarrollo alternativo y el conflicto social
Los programas y proyectos de desarrollo alternativo impulsados durante los últimos años no han logrado los resultados esperados. Ello ha motivado la protesta masiva de los agricultores contra los ejecutores de estos programas y contra los organismos del Estado encargados de su control. Se ha generado una percepción muy negativa contra las ONG, ocasionando la pérdida de su credibilidad y la desconfianza. Las organizaciones de los productores cocaleros exigen que “el dinero de los países cooperantes llegue directamente a los agricultores y sus familias por intermedio de los concejos municipales a nivel provincial y distrital, quienes deberán constituir unidades de planificación y proyectos”. (Plataforma de la marcha a Lima, abril 2003)

Tras la marcha de la Federación de Productores Agropecuarios del Valle del río Apurímac y Ene (FEPAVRAE) hacia Lima, el 1 de agosto de 2002, se logró firmar un acuerdo para el diálogo entre los cocaleros y diferentes instancias del Estado. Este proceso se rompió en noviembre de 2002 cuando la misma federación tomó los bienes de las ONG que, según ellos, debían retirarse del valle. Posteriormente, amenazaron con impedir la realización de las elecciones regionales y municipales en San Francisco. Ello obligó a un gran despliegue policial para garantizar el proceso electoral. Sin embargo, estas movilizaciones colocaron a la FEPAVRAE al frente de la articulación de las organizaciones de productores de los valles cocaleros del Perú. En enero del 2003, se constituyó la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONACCP). Luego de la marcha a Lima de abril 2003, ésta se ha constituido en la interlocutora principal de los cocaleros.

Sendero Luminoso
Los cuadros de acciones terroristas en los llamados Comité Regional Centro CRC y Comité Regional Principal (CRP) de Sendero Luminoso (SL) que abarcan los departamentos de Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac y del Comité Regional Huallaga que abarca los departamentos de San Martín, Huánuco y Ucayali, muestran una coincidencia con las cuencas productoras de hoja de coca, principalmente en el valle del río Ene y Apurímac. Dichos comités han sido los más activos, tal como se muestra en el siguiente gráfico.

No se puede afirmar que los productores de hoja de coca son terroristas. Sin embargo, es lícito preguntarse cómo se vincula SL con éste proceso. ¿Cuál es su mensaje respecto a la erradicación? Por informes de inteligencia policial se sabe que Sendero mantiene presencia, instalaciones y una “masa cautiva”, alienta el cultivo de la coca y ofrece su apoyo a los productores para defenderlos de las intervenciones policiales. Sin embargo, es muy difícil, como dicen equivocadamente algunos analistas, que en el corto plazo se produzca una alianza entre los productores cocaleros y Sendero. No olvidemos que ellos fueron actores de la guerra interna y se organizaron en Comités de Autodefensa. Son enemigos jurados.

La voluntad política y el liderazgo civil en la lucha contra el terrorismo y las operaciones policiales desarrolladas durante 2002 fueron un factor decisivo para mantener a raya a las fuerzas senderistas. Es importante que se perciba nuevamente esa voluntad, liderazgo y sobretodo, claridad de ideas, en las nuevas autoridades del MININTER.

Acción Policial contra el TID
Durante el año 2002 el número de operaciones de la PNP contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID) se mantuvo en casi el mismo nivel que el año anterior (11,358 en el 2001 y 11,373 en el 2002). A partir del tercer trimestre, las acciones contra el TID decayeron. Eso se dio posiblemente porque el personal policial ejecutó mayormente acciones de control y mantenimiento del orden público con la finalidad de garantizar el desenvolvimiento de las elecciones regionales y municipales.

El decomiso de drogas realizada durante el 2002 superó en 58% al del 2001, según se puede apreciar en el siguiente gráfico. El más importante decomiso se registró en Arequipa (3 de enero de 2002) por 5996 Kg. de PBC-L, proveniente de la cuenca del Ene y Apurímac.

El decomiso de Insumos Químicos Fiscalizados (IQF) se incrementó 443% en el 2002. Durante el 2001, se decomisaron 86.2 toneladas, mientras que en el 2002 esta cifra aumentó a 468.7 toneladas. La ejecución del Operativo de Interdicción “Seis Fronteras” es lo que indudablemente ha marcado la diferencia en la lucha contra el desvío de IQF que genera tantas ganancias como la comercialización de drogas e interfiere con la actividad industrial al comprometer a muchas empresas relacionadas con la fabricación de perfumes, pinturas, baterías, ferretería, etc. Por otro lado, involucra a un sector de la población con escasos recursos mediante el transporte en la modalidad de “hormiga”.

Las detenciones de personas en las operaciones de interdicción al TID han registrado números similares en el 2001 y el 2002 (13,343 y 12,839 respectivamente). Los planes de operación formulados para garantizar el orden público durante las elecciones regionales y municipales también incidieron negativamente en la detención de personas vinculadas al TID. Cabe destacar el ligero incremento de la tendencia en el empleo de menores de edad en esta ilícita actividad (354 en 2001, contra 427 en 2002).

En conclusión, podemos decir que se han realizado avances positivos en la focalización del problema. Sin embargo, es necesario que se continúe con la estrategia concertada entre Estado (en el nivel interinstitucional) y la sociedad civil, para luchar contra la pobreza, el narcotráfico y el terrorismo simultáneamente. Es de vital importancia que se tenga en cuenta el límite del riesgo social en la erradicación de cultivos de coca, pues se calcula que aproximadamente 1/3 (quizás más) de las hectáreas se dedican a la producción para consumo tradicional y otras actividades no relacionadas con el narcotráfico. Esta cifra es bastante relevante, si se considera que los programas de desarrollo alternativo y de financiamiento para los productores aún no han logrado los resultados esperados.

[1]Ex asesor de los ministros del Interior Fernando Rospigliosi y Gino Costa en las áreas de conflicto social y terrorismo.