El tema de las transferencias intergubernamentales pasa casi siempre desapercibido, pero es un instrumento fiscal de uso común en países desarrollados y en vías de desarrollo para financiar servicios provistos por los niveles regionales y municipales. ¿A cuánto deben ascender? Eso depende de muchas variables, pero casi todo el mundo está de acuerdo en que no deben dominar el panorama fiscal de los gobiernos subnacionales. Asimismo, ni el monto ni la disponibilidad de las transferencias deben ser tan altos que pongan en peligro la estabilidad fiscal del país.

Su importancia es inobjetable, si pensamos que deben financiar servicios como salud y educación, servicios de altas externalidades y características meritorias. Tampoco se puede arriesgar y dejar que los gobiernos locales financien todo con recursos locales, cuando éstos tienen limitaciones institucionales y del contexto geográfico-económico para recaudar suficientes recursos. Entonces debe haber un justo medio.

En Perú, las transferencias llegan a representar hasta el 86% de los ingresos totales para aquellos distritos con menos de 20,000 habitantes y menos del 35% de población urbana. Además del propio peso de esta fuente en las municipalidades pequeñas y débiles, la existencia de las transferencias hace que los gobiernos disminuyan su esfuerzo fiscal en la recaudación. Por este motivo es necesario desarrollar también el otro lado de la moneda: crear los incentivos necesarios y arreglos institucionales que permita el incremento de los ingresos municipales propios. Otra manera de ver el problema es cotejar los gastos de inversiones con recursos propios, encontrándose una disminución de los mismos ante mayores transferencias.

Otro tema asociado y que debe tomarse en cuenta es la diferencia entre capacidades de las municipalidades, por lo que las transferencias en Perú buscan básicamente igualar las bases tributarias. Las autoridades competentes pretenden ahora, con toda razón, introducir algún elemento que mejore la eficiencia fiscal por el lado de las transferencias. Sin embargo, debemos insistir en que se debe también incrementar la autoridad impositiva de los gobiernos locales cuando administran el impuesto predial, tanto en el manejo de las alícuotas, como en la fijación de la valoración de los terrenos y construcciones.

Por otra parte, también se ha observado un crecimiento vertiginoso de las transferencias gracias a la mejora en la recaudación del IGV. Una pregunta natural es ¿en qué se han gastado esos recursos? El 73% de las inversiones locales han sido pagadas con transferencias. Éstas básicamente han financiado el sector transporte (vías urbanas y rurales) y el sector saneamiento. El sector prioritario para la población es la limpieza pública y recojo de desechos sólidos, siendo este sector inclusive financiado con recursos propios cuando no hay transferencias. Otro aspecto que tampoco pasa desapercibido es que aquellas que reciben canon utilizan menos los otros recursos en inversiones, denotando claramente un efecto sustitución.

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