El mensaje del Presidente Toledo del 28 de julio abrió una serie de expectativas de mejora económica. Sin embargo, debemos esperar algunos meses para conocer la agenda de cambios y ajustes en la política económica y, entonces, evaluar si estamos frente a un punto de quiebre o no.

El problema de fondo del gobierno para poder hacer un quiebre radica en resolver dos conflictos fundamentales. El primero, es el existente entre las demandas de los peruanos y los requerimientos de los organismos internacionales y del sistema financiero internacional. Es decir, mientras la población pide más empleo, más servicios públicos y más ingresos, lo que significa una política del gasto mucho más expansiva y una política monetaria con un techo más alto de inflación (digamos entre 3 y 5% al año), los intereses de los organismos internacionales apuntan a un gasto restringido a la capacidad de recaudación y a una inflación menor al 3%. El segundo, es el conflicto entre desempleados-subempleados (es decir entre pobres) que aspiran a un trabajo o a uno mejor remunerado (que podría ser posible si aumentara la inversión pública en construcciones públicas, para lo cual se requiere de mayores ingresos tributarios) y el sector empresarial reacio a pagar más impuestos o a revisar políticamente sus contratos de estabilidad tributaria.

Para que haya un “punto de quiebre”, el gobierno deberá resolver estos conflictos, o más bien, diseñar un conjunto de medidas de política económica que tengan como objetivo resolver estos conflictos. En realidad, estos conflictos son de carácter distributivo, entre los intereses de la mayoría de peruanos y los intereses de los inversionistas extranjeros (financieros y no financieros); y entre las empresas y los trabajadores. En consecuencia, el punto de quiebre significa un enfoque distributivo distinto de parte del gobierno y, sobre todo, una definición de qué lado está el gobierno.

¿Son irreconciliables estos conflictos? Por supuesto que no, aunque su solución requiere de una voluntad y firmeza política para responder a las expectativas, sobre todo, de los sectores desfavorecidos.

El conflicto entre Perú y Washington-New York tiene caminos de solución. Uno fue el anunciado por la propia Ministra Merino en su mensaje inicial, cuando señaló la necesidad de reperfilar el calendario de pagos de la deuda, con lo cual el Estado tendría más recursos para la inversión pública. El segundo, es lograr más autonomía frente al FMI-BM-BID para manejar un déficit fiscal un poco mayor, digamos un déficit primario de 2.5%, y una política monetaria con una meta inflacionaria con una franja entre 3 y 5% de inflación al año. El tercero es un rediseño del proceso de privatizaciones y concesiones, con un fuerte componente descentralista, es decir, que los gobiernos regionales y locales se preparen para atraer inversiones nacionales y extranjeras en base a alianzas estratégicas con distintas modalidades.

La reforma tributaria y la priorización del gasto públicos hacia salud, educación, programas anti-pobreza son los medios para resolver el conflicto entre empresarios y desocupados-subempleados. Probablemente, la reforma tributaria es la más importante, pero no se podrá avanzar si las tasas del IGV y el ISC son tan altas y si 2/3 de los impuestos son indirectos, es decir, mientras la tributación sea tan regresiva. Es necesario avanzar en la reducción progresiva de las tasas de impuestos indirectos y en el incremento de los impuestos directos, aquí cabe la creación de una mesa de concertación con las grandes empresas que gozan de contratos tributarios para que, de una manera política, se llegue a acuerdos para reestructurar dichos contratos, bajo el argumento que si en el país sigue el conflicto social latente y en las calles, los negocios en el futuro no van a ser buenos. Obviamente se requiere de una negociación política por lo alto, con la Presidenta del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía encabezando la “mesa de concertación con la riqueza”.

En consecuencia, el punto de quiebre es reordenar los énfasis en la política económica interna y externa a favor de la inclusión de más del 50% de la población, a través, de un proceso de crecimiento con redistribución. Esperemos que las medidas que se tomen en los próximos meses vayan en esta dirección.