Cuando se habla de liberalización comercial surgen temores inmediatos en la gente que supone que las políticas de apertura unilateral sólo traerán pérdidas de empleo, producto e ingresos. Ciertamente estos procesos tienen esas consecuencias en el corto plazo, muchas veces duraderas, para algunos sectores productivos que gozaban de ventajas artificiales, pero también traen mejoras de eficiencia y de bienestar para los consumidores en el mediano y largo plazo. En tiempos de imperiosa necesidad de que la economía sea más competitiva, existen dificultades en lograr que ciertos segmentos políticos, empresariales y laborales estén dispuestos a aceptar una mayor apertura de la economía.

La evidencia empírica que sustenta las bondades de la apertura sobre el crecimiento es amplias. De manera unilateral, ejemplos con resultados extraordinarios han sido los de Chile, Australia o Nueva Zelandia. Sin embargo, cualquier esfuerzo en este sentido debe ir acompañado de otras políticas que contribuyan a la mejora de competitividad (infraestructura, educación, justicia, institucionalidad, derechos de propiedad, entre otros), sin los cuales la apertura per se no podrá realizar todos sus beneficios potenciales.

No obstante, otra vía es la de lograr abrir la economía a través de Acuerdos de Libre Comercio en los que la apertura esta vez conlleva “subproductos” adicionales que la apertura unilateral no tiene y que la hace más aceptable: acceso al mercado del otro país, la consolidación de la apertura mutua a través de un acuerdo internacional que no es sino una especie de contrato de estabilidad de reglas, y la inclusión de formas de amortiguación de la apertura en relación con desajustes sectoriales posibles o efectivos.

Este es el contexto de un acuerdo comercial con los Estados Unidos, cuyo esfuerzo debe contemplar ciertas condiciones para que efectivamente el Perú pueda extraer los mayores beneficios del comercio, no sólo a nivel bilateral sino también mundial:

1. Ser parte de acuerdos de libre comercio con los principales socios comerciales: de lo contrario firmar un acuerdo sólo con Estados Unidos creará desvíos de comercio (desplazamiento de terceros países tan o más eficientes). De ahí que, enseguida deben tener lugar acuerdos con otros socios comerciales relevantes y eficientes tales como la Unión Europea y principales países asiáticos. Chile es un ejemplo de una praxis de liberalización aditiva de este tipo.
2. Incluir una cobertura muy amplia de temas: principalmente apertura y disciplinas comerciales en temas de bienes, servicios, inversión, compras estatales, así como disciplinas de temas conexos como obstáculos técnicos, estándares sanitarios, entre otros. La extracción de beneficios no llegará a cubrir el potencial posible si grandes porciones de mercados no quedan sujetas a la competencia internacional y por ende a mejoras de eficiencia y bienestar.
3. Incluir mecanismos de amortiguación de la apertura: esto incluye, por ejemplo, salvaguardias, plazos diferenciados de desgravación y desgravaciones no lineales. Esto es particularmente importante sobre todo si domésticamente no existen redes de seguridad respecto a la gente que quede desplazada en el corto plazo y, como en el caso de agricultura, se plantea Estados Unidos no va a comprometer la eliminación o reducción de sus Ayudas Internas. En este caso, los mecanismos de amortiguación señalados pueden ser aplicados mientras en ámbitos como la Organización Mundial del Comercio se negocia la eliminación de subsidios.
4. Prever los costos fiscales: aun cuando es difícil decir en este momento cuanto “costará” fiscalmente la liberalización bilateral con los Estados Unidos el sector público nacional (Ministerios de Comercio Exterior y Turismo y Ministerio de Economía y Finanzas) deben internalizar que habrá que presupuestar tanto los costos iniciales y aquellos distribuidos en el tiempo en general de la implementación de los Acuerdos de Apertura Comercial. Este tema tendrá que considerarse en las previsiones anuales de los presupuestos de la República.
5. Continuar con esfuerzos unilaterales. Independiente de lo que se vaya negociando a través de acuerdos comerciales, es conveniente continuar reduciendo unilateralmente los aranceles, tratando de reducir el promedio y la dispersión arancelarias. Esto debe hacerse en la medida de las posibilidades fiscales y tomando en cuenta las sensibilidades sectoriales. El escalonamiento arancelario del 2001 dispersó tanto los niveles de protección nominal cuanto de las tasas de generación de valor agregado sectoriales (protecciones efectivas) de un modo arbitrario, contribuyendo a asignar menos eficientemente los recursos productivos. Así, de una estructura arancelaria que concentraba el 84% del valor importado y las líneas arancelarias en la tasa de 12% (otorgando una protección bastante homogénea y más ligada a condiciones de mercado), al añadirse un nivel de 4% sólo para ciertos insumos, se terminó premiando la producción de algunos sectores productivos y castigando a otros. De ahí que, los esfuerzos de liberalización unilateral y el de negociación de acuerdos con los principales socios comerciales orientados a reducir en el tiempo los aranceles (no subirlos) converjan en mejorar la competitividad de la economía y minimizar los desvíos de comercio.

Las negociaciones con los Estados Unidos tendrán algunos aspectos complicados, principalmente en propiedad intelectual, algunos temas específicos de liberalización de bienes (i.e. agrícolas) y los temas de estándares ambientales y laborales. Sin embargo, las dificultades reales, no ficticias, deberán ser racionalmente balanceadas frente a los beneficios globales del acuerdo. Recordémoslos: mejoras de eficiencia y bienestar internos debido a la apertura, acceso a mercado en la contraparte (en el caso de Estados Unidos no sólo la consolidación del ATPDEA sino accesos en otras áreas no explotadas aun como servicios, inversión o compras estatales) y la estabilidad de reglas que este tipo de acuerdos ayuda a obtener. En otras palabras, la aceptación final de un acuerdo de este tipo debe basarse en el interés público y no en mitos publicitados por grupos de interés ni en análisis poco profundos. Es decir, en un balance justo de lo que a la economía y a la sociedad (no a algunos) peruanas les conviene. No hay tiempo que perder para iniciar estas tareas.