Una de las principales dificultades para la formulación de una política agraria nacional es la diversidad de actores e intereses en juego. La mayor parte de políticas que pretenden ser generales están pensadas para un país con unidades productivas homogéneas o consideran, a lo más, las diferencias en términos geográficos adscritos a circunstancias de integración de mercado (una costa con vocación comercial versus una sierra con agricultura de subsistencia y una selva orientada a actividades ilícitas o extractivas). Exagero, pero no tanto. Una política agraria nacional debería tomar en cuenta los diversos tipos de producción agropecuaria – y aquellas actividades no agropecuarias relacionadas- así como las diversas “vocaciones” mercantiles y no mercantiles de las mismas. Es decir, el problema por resolver va más allá de un tema de políticas tributarias para el sector.

¿Cuál es el objetivo final de la política agraria? ¿Incrementar la productividad? ¿Mejorar el acceso al mercado para los productores agrarios? o ¿Contribuir a mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las familias? Partiendo de la premisa que existen diferentes tipos de agricultura con distintos fines, podríamos pensar que existe una producción no destinada al mercado a la que quizás sería importante apoyar, no porque mejore nuestro PBI, sino porque podría contribuir a mejorar el desarrollo de la población. Adicionalmente, vale la pena señalar que la producción no mercantil no significa población indigente y sujeto de programas sociales. Uno de los efectos más perniciosos de la política asistencialista de los noventa ha sido la erosión, no solo de las instituciones tradicionales, sino, de la autodeterminación y de la disposición de la población campesina a resolver sus problemas por su propio esfuerzo. Esperar la atención del Estado ha supuesto cierta inamovilidad que habría sido impensable e inaudita treinta años antes y, de paso, ha socavado la legitimidad de las organizaciones de representación y defensa locales.

Las organizaciones agrarias se han multiplicado en las últimas décadas. Existen cerca de seis mil comunidades campesinas y poco más de mil doscientas comunidades nativas. Adicionalmente, en el último censo agrario más de medio millón de productores señalaron pertenecer a algún tipo de organización (asociaciones de productores, juntas de regantes, rondas campesinas, comités de diverso tipo, etc.). Hace más de quince años que no existe claridad sobre qué hacer con todas ellas y el rol que les compete en el desarrollo y la gestión de la problemática agraria en el país. La reciente ley de organizaciones agrarias y su reglamento (de agosto del 2003 y enero del 2004), crea por un lado un nuevo estatuto organizacional –con funciones fundamentalmente económicas- al que teóricamente podrían aspirar varias de las asociaciones agrarias actualmente existentes. Por otro lado, dicha ley multiplica la flora y fauna jurídica sobre las organizaciones agrarias, ya de por sí abundante y contradictoria. Es probable que la ley sea aprovechada por algunas organizaciones y gremios, así como por algunos especuladores y comerciantes. Pero no lo será, probablemente, por la mayoría de organizaciones campesinas y nativas que aún necesitan del soporte estatal para resolver varios problemas generados por las aceleradas transformaciones de los últimos años (no sólo por los procesos económicos sino también por la migración, la violencia política y el desplazamiento, además de los conflictos heredados de la Reforma Agraria). Hay que recordar que las principales movilizadoras en los últimos paros agrarios –además de las federaciones nacionales- han sido las organizaciones vinculadas al riego que, por lo demás, siguen esperando una ley de aguas.