Desde hace más de cuatro décadas los diagnósticos y las políticas agrarias de los sucesivos gobiernos prácticamente han sido las mismas. Sin duda, ha habido algunas variaciones de énfasis debido a circunstancias climáticas o de mercado, o por argumentos que entraban de moda en el argot agrícola, por ejemplo recientemente el caso de las cadenas productivas. Ello nos señala sin duda, que en todo este tiempo se han dado avances en algunos temas y retrocesos en otros, pero lo que no ha habido son políticas coherentes.

En los últimos años, al igual que en los sectores sociales, están de moda los mecanismos de concertación y participación de los agentes económicos en el diseño de políticas, en especial aquellas que los afectan. En ese contexto, ha surgido el Consejo Nacional de Concertación Agraria (Conaca), ente de participación mediante el cual se sientan en una mesa representantes del gobierno y de los diversos gremios de agricultores con el propósito de realizar diagnósticos y encontrar soluciones comunes.

Así, se han discutido, ofrecido, aprobado y casi nunca cumplido aspectos como, desarrollar un regimen tributario sencillo, seguridad jurídica de las tierras de los beneficiarios de la reforma agraria, viabilizar el rescate financiero agropecuario, mayor protección al sector, reducción del IGV, arancel cero para los insumos y bienes de capital de uso agropecuario, entre otros; temas que sin duda han estado en la agenda de los Ministros del Sector de los últimos gobiernos.

Empero, como los productores agropecuarios no ven que se concreten los acuerdos o sus pedidos, recurren a diversos mecanismos de presión y como resultado de tales acciones logran modificar la política del gobierno. Así, recientemente se ha conseguido bajar el IGV por la venta del arroz. Del mismo modo, grandes empresas agropecuarias ejerciendo otros tipos de “presión” consiguen también subir la sobretasas a ciertos productos, como es el caso de los aceites vegetales. Todos estos actos nos muestran, que al igual que en épocas pasadas, son los grupos de poder del sector quienes deciden cual es la política a seguir, y no el gobierno, que no entiende como se desarrolla el mercado social del sector agrícola, y por tanto, se ve en el medio de diversos corrientes de opinión o enfoques, muchas veces contradictorios, no sabiendo finalmente cual es la decisión correcta. Lo lamentable de esta situación, es que se da una alianza estratégica implícita entre las fuerzas políticas de orientación socialista, los grupos de poder económico y los agricultores ineficientes, alianza que va en desmedro de los consumidores, quienes no sólo tienen que pagar precios más altos por los productos alimenticios que compran, sino también deben financiar mediante sus impuestos, los créditos a los agricultores.

Debe quedar claro que la actividad productiva es un negocio, y por tanto debe tener una escala de producción que le permita lograr una rentabilidad adecuada. Si no es así, el agricultor propietario de la tierra debe ser sustituido, ya sea en la propiedad o en la gestión de la actividad agrícola. En este contexto, recientemente se han apreciado en el sector actividades de éxito, fundamentalmente ligadas al sector exportador, aunque también hay experiencias vinculadas al mercado interno. La clave del éxito está en lograr unidades productivas de tamaño suficientemente grande que permitan generar un proyecto agrícola con un buen análisis de mercado, por lo que será posible acceder al crédito, conseguir asistencia técnica sin participación del gobierno, pagar el crédito y distribuir utilidades.

Se puede argumentar que solo ciertas zonas y productos, y por tanto, ciertos agricultores pueden tener la posibilidad de desarrollarse en esa dirección. De ser ello cierto, la política agraria dirigida a zonas de menos ventajas comparativas debería estar orientada a: generar unidades agrícolas rentables (primera y más importante política); conceder créditos atados a seguros que cubran la inversión sólo a estas unidades; generarles acceso a mercados nacionales o internacionales. Esas deben ser las tareas centrales de los funcionarios que trabajan en oficinas del sector a lo largo del país. Paralelamente a ello, dada la descapitalización del agro, debería haber arancel cero para todo lo que se refiere a bienes de capital. Sólo después de haber logrado desarrollar lo señalado, se podría aplicar bandas de precios, o cualquier otro tipo de protección a los productores agrícolas.

[1] jvera@esan.edu.pe