Un crecimiento modernizador de la agricultura podría generar un crecimiento de empleo a tasas mayores que la economía en su conjunto[1]. Particularmente, ese sería el caso si la agricultura costeña se articulara con la industria o se insertara en el mercado externo. Para cumplir con este objetivo se deben eliminar una serie de restricciones al crecimiento y a la rentabilidad del agro. Algunas limitaciones dependen de la acción directa del Estado, por ejemplo, falta de marco normativo completo, inseguridad de la propiedad de la tierra, falta de derechos de propiedad establecidos sobre el agua, grandes extensiones de tierra en propiedad del Estado, etc. Otras dependen de la ausencia de mercados de factores y servicios especializados para el sector agrícola. El presente artículo se enfoca en este segundo tipo de restricciones.

Uno de los principales impedimentos para el desarrollo del agro costeño es su bajo nivel de capital humano. A finales del siglo veinte casi la mitad de la PEA rural peruana no había completado la primaria, mientras que apenas poco más de uno de cada cien de sus miembros han asistido a una universidad. Asimismo, a pesar de esta escasez de capital humano, el retorno a la educación en el ámbito rural es muy inferior al del ámbito urbano. Esto se refleja en la diferencia del nivel de ingresos entre ambos ámbitos. Adicionalmente, los ingresos en la agricultura son inferiores a los de cualquier otra actividad económica rural.

Una política de recursos humanos para la agricultura debe fortalecer la capacidad de las explotaciones agrícolas para competir en el mercado, pues ignorar el mercado es una receta para el desastre en cualquier política económica. Es posible elevar el capital humano y la competitividad de los agricultores mejorando su capacidad de gestión del negocio agrícola (selección de cultivos, costos, financiamiento, comercialización, etc.). Esto se puede lograr a través de lo que genéricamente se denomina servicios de extensión (capacitación, asistencia técnica y apoyo a la gestión del negocio)[2]. Una agricultura más competitiva puede insertarse en el mercado, aprovechar las ventajas comparativas de los cultivos intensivos en mano de obra y generar puestos de trabajo.

Por otro lado, es importante diferenciar entre políticas de fomento productivo y políticas sociales o de combate a la pobreza. Enfocar políticas de fomento a la producción en los sectores más pobres es un error, puesto que la pobreza está relacionada con una serie de indicadores deficitarios de educación (determinante crítico de la propensión a innovar), adopción tecnológica y capacidad financiera para asumir las nuevas técnicas. El resultado es que políticas bien concebidas para un fin (mejorar la capacidad competitiva de las explotaciones agrícolas) aplicadas a un fin diferente (ayudar a los más pobres) tienen pocas probabilidades de éxito.

Basados en la revisión de la evidencia sobre las características del capital humano del sector y de los mercados que lo atienden, la revisión de la literatura internacional y una serie de entrevistas y encuestas a especialistas, se pueden sugerir algunas recomendaciones para políticas orientadas a reforzar el capital humano en las explotaciones agrícolas costeñas:

• En el largo plazo, lo prioritario es mejorar la calidad de la inversión en educación básica para el sector rural, pues ésta es significativamente inferior a la urbana, sin ser esta última del nivel más adecuados. Se deben establecer estándares de calidad mínimos para las escuelas en términos de infraestructura, equipamiento y calidad docente.
• En el corto plazo, se necesita potenciar los recursos humanos a través de más y mejores servicios de extensión y el fomento de la investigación. Antes que nuevas iniciativas públicas es deseable promocionar iniciativas privadas y de desarrollo del mercado de servicios. El Estado ocupa aún parte crítica en la provisión de servicios de asistencia técnica para la agricultura costeña, que está básicamente orientada al mercado. Un objetivo de la política sectorial debería ser reducir progresivamente esa participación a través de la promoción del desarrollo de mercados privados.
• En cuanto a investigación, el Ministerio de Agricultura debería enfocarse en el rol de promoverla, antes que ejecutarla. Se debe marchar hacia un sistema donde organizaciones independientes compitan por fondos para la investigación, tanto públicos como de otras fuentes.
• Fomentar la asociatividad de productores para poder alcanzar economías de escala en la adquisición de servicios básicos para competir en el mercado: gestión, información, tecnología y comercialización.
• Formación de recursos humanos. Las necesidades más apremiantes están a nivel de gerencia y mandos medios. Aquí tienen un rol directo los centros de educación superior públicos y privados. Se debe fomentar la articulación entre éstos y los productores.
• Evaluación de políticas y programas. Se requiere más investigación sobre la efectividad del gasto público en servicios de extensión agrícola. Sorprende que con el volumen de esta inversión no se hagan evaluaciones o no se difundan sus resultados.

Podrá descargar éste y los demás trabajos correspondientes al libro “Políticas de empleo en Perú” siguiendo este hipervínculo.

[1] M. Jaramillo (1999), El potencial de generación de empleo de la agricultura peruana. Lima: Organización Internacional del Trabajo.
[2] W. Rivera, “Agricultural extension in transition worldwide: structural, financial, and managerial strategies for improving agricultural extension”, Public Administration and Development, vol. 16:2, pp. 151-61.