Si la necesidad de las reformas en los años noventa era discutible, los cambios que la integración andina y el ALCA traerán serán inevitables y difícilmente podrán mejorar los logros alcanzados con las reformas de la década pasada. En efecto, desde 1992 el sector eléctrico peruano ha evolucionado de manera positiva. Las reformas introdujeron mayor competencia en los sectores de generación y contratos de electricidad, un poder de regulación independiente del gobierno y una importante participación del sector privado nacional e internacional. Esto resultó en un servicio de electricidad seguro y de calidad, con precios estables y un coeficiente de electrificación creciente.

La ineficiencia del sector, su cobertura eléctrica limitada y las tarifas desproporcionadas de los años ochenta fueron revertidas a través de reformas que incluían la desintegración horizontal y vertical de Electroperú y Electrolima, la privatización parcial y progresiva de las mismas, la libre competencia por los contratos de los grandes consumidores (de más de 1 MW) y la creación de organismos reguladores independientes.

Como resultado de ello, el sector eléctrico se desarrolló en 2001 en un mercado muy desintegrado, con más de 30 empresas de producción de electricidad, 7 de las cuales tenían infraestructura de transmisión y 21 hacían la distribución. Más del 50% de la energía fue vendida en el mercado libre. Además, el coeficiente de electrificación creció hasta más del 70% en 1999, a diferencia del 50% en 1990. Las pérdidas de energía de las distribuidoras disminuyeron de 21% a 10% entre 1993 y 2000, las ventas totales de energía se duplicaron de 7,603 GWh en 1990 hasta 15,525 GWh en 2000. Finalmente, como el precio para el consumidor residencial es comparable con el nivel internacional (alrededor de 0.1 US$/KWh), se puede concluir que las reformas fueron globalmente positivas para el país.

En la actualidad, sin embargo, el acuerdo de integración adoptado por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y las ya avanzadas reuniones del ALCA presagian cambios que resultan más bien actos de fe en el mercado que pasos hacia soluciones para resolver la problemática actual. En este contexto, el acuerdo firmado con la CAN establece una política activa de integración de los países miembros, lo que incluye la integración del sector de la electricidad en el marco de un mercado competitivo, con contratos libres e intercambios de oportunidad entre los operadores de los sistemas, y donde la participación del sector privado es intensamente promovida.

A pesar de los beneficios esperados con la mayor integración, tales como una eficiencia global creciente, la realización de mayores proyectos, una mayor competencia y liquidez en el mercado, menores riesgos de abastecimiento y menores impactos ambientales, existen problemas que se derivan de dicha integración. En primer lugar, los precios de los países exportadores se incrementarían, en perjuicio de los consumidores del país exportador y, en particular, de los más pobres. Segundo, los países con una mayor volatilidad en sus precios la exportarán.

Surge, adicionalmente, una paradoja con relación al desarrollo de un mercado integrado. Si la integración generará tantos beneficios, ¿por qué no hay mayor participación del sector privado? Y, por el contrario, si la participación de los gobiernos en el sector es necesaria, ¿por qué insistir tanto en la participación del sector privado?

Por su parte, la firma del ALCA, prevista para Enero de 2005, involucraría algunos cambios adicionales que podrían no ser beneficiosos para algunos sectores de la población. Dado que el servicio de electricidad, en la actualidad, no se considera formalmente como un servicio, las cláusulas de acceso al mercado y competencia no incluyen al sector eléctrico. No obstante, las negociaciones actuales ya han trabajado sobre una nueva propuesta para clasificar los servicios en el sector eléctrico de forma de incluirlo en la clasificación de servicio y esté afecto a las cláusulas que fomentan su apertura y competencia.

Actualmente existen dos limitaciones importantes en el acceso al mercado de la venta de energía eléctrica que deberán cambiar para ingresar al ALCA. En primer lugar, sólo los generadores y distribuidores están autorizados a vender electricidad en el mercado. Por ello, es necesario eliminar las barreras de acceso a y salida de este mercado. Además, dado que la ley peruana utiliza el concepto de servicios públicos y que en el ALCA dicho concepto no es considerado, la consistencia requerida para su firma entre las leyes nacionales y el acuerdo implicará la eliminación de la noción de servicio público de la ley en el país. Ello perjudicará a aquellos que se benefician con los subsidios al sector.

Ningún cambio va a transformar el sector eléctrico en el corto plazo. Pero la integración y las negociaciones comerciales actuales podrían tener efectos significativos en el sector eléctrico. Principalmente, ejercerán una presión sobre el gobierno para cambiar la regulación de este sector por un modelo con mayor competencia de corto plazo y menores recursos y subsidios para los pequeños consumidores. El problema es que ningún cambio ofrece soluciones a los problemas existentes en el sector. En realidad, estas reformas implicarían mayores complicaciones en el mercado de la electricidad, especialmente cuando nadie en el sector las ha pedido.

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