Una inversión minera de 1,4 miles de millones dólares estaría paralizada por el conflicto empresa-comunidad, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Para las organizaciones críticas de la minería, el conflicto se traduce en pérdida de oportunidades económicas para las comunidades. Sin duda, las situaciones actuales de conflicto desbordan la capacidad operativa y resolutiva del MEM.

Por ello surgen las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las recomendaciones estratégicas y de acción para los principales problemas sociales identificados por los actores del sector minero?, ¿Cómo fortalecer el papel rector, promotor y fiscalizador del Estado?, ¿Cómo interactuar con los actores sociales involucrados en la actividad minera?

Para intentar responderlas, con el auspicio del CIES y el Banco Mundial se realizó estudios de caso en 8 minas, con 19 centros poblados o comunidades, en los departamentos de Ancash y Cajamarca. Los estudios cubrieron todas las etapas del proceso minero, desde la exploración hasta el cierre, y todas las escalas, desde la gran minería hasta la pequeña. El análisis se llevó a cabo de manera participativa con las poblaciones entrevistadas. Si bien está emergiendo una corriente de opinión popular en contra de la minería, la población entrevistada mostró una actitud positiva. Esta actitud se manifestó en una capacidad de análisis objetivo, agudo y propositivo sobre las acciones que el Estado y ellos mismos deberían adoptar para cambiar la situación actual de una de pérdidas y conflictos en otra de oportunidades y diálogo.

La conclusión central es que el MEM debe redefinir su responsabilidad hacia los intereses públicos locales, ampliando su esfera de atribuciones y sus funciones de fiscalización hacia enfoques preventivos y de promoción de las relaciones entre los interesados. Ello requiere articular la necesaria predisposición o voluntad política al cambio, identificando los resultados específicos que se busca lograr en el sector.

Los problemas sociales que se generan en este entorno desbordan ampliamente las capacidades del MEM, de modo que sin convocar alianzas y voluntades con un enfoque plural parece imposible lograr la gestión adecuada de los recursos. No sólo es necesario descentralizar funciones y establecer alianzas. También se requieren mecanismos que le permitan al MEM mostrar su presencia e interés en las localidades afectadas, demostrando que el gobierno es un actor comprometido, conocedor de e interesado en cada situación particular. Hoy en día, esta presencia es mínima y las poblaciones lo interpretan como un sesgo empresarial de los intereses del Estado.

Para tener acceso y presencia estratégica en el nivel de la localidad en momentos clave del ciclo minero (consulta previa, definición de los alcances del Estudio de impacto ambiental - EIA, seguimiento del EIA, monitoreo participativo, etc.), el MEM debe generar insumos de información sobre la condición social de las localidades, que debería estar disponible también para las empresas. Asimismo, establecer e integrar instrumentos formales e informales de fiscalización participativa con las comunidades locales, así como contar con los recursos humanos especializados y materiales que le permitan tomar parte activa en los mencionados procesos.

De este modo, el MEM debe concentrar esfuerzos en establecer mecanismos sólidos y legítimos de seguimiento y evaluación de indicadores sociales, hasta hoy inexistentes. Asimismo debe proveer liderazgo en la concertación de resultados esperados con instancias regionales, municipales, empresas y actores locales. Para ello, se requiere de sistemas institucionalizados de aprendizaje. Esto es muy importante sobre todo si se considera que los proyectos mineros grandes son sistemas complejos de múltiples actores, en donde las intervenciones actuales y futuras se realizan “con los ojos vendados”, pues no existen ni tiene sentido proponer soluciones empaquetadas. Todo esto implica una estrategia de acción inversa a la de “apagar incendios” que parece haber predominado en el sector en general.