La eficiencia y equidad del gasto público pueden aumentar significativamente con un proceso de descentralización. Por ello el actual gobierno está impulsando este proceso en las esferas política, económica y administrativa. Sin embargo, una descentralización también supone riesgos, ya que si los gobiernos subnacionales se endeudan demasiado se generaría una desestabilización fiscal. ¿Cómo se puede lograr una descentralización efectiva sin generar desequilibrio fiscal?

En cuanto a las reglas fiscales, primero se recomienda imponer restricciones estrictas al crecimiento del gasto lo cual limitaría el crecimiento del gasto no financiero. Segundo, todos los recursos provenientes de mayor endeudamiento deberían ser utilizados en inversión pública y no en gasto corriente. Tercero, debido a que fijar un tope es demasiado restrictivo, se deberían manejar rangos para ambos criterios. Por último, se deben incluir severas penalidades en la Ley de Responsabilidad Fiscal, que debería estar a cargo de una entidad autónoma como el Concejo Nacional de Descentralización (CND).

Para poder hacer efectivas estas recomendaciones será necesario modificar ciertas características institucionales que impiden la coordinación entre los gobiernos regionales y central. Para ello será necesario dotar al CND de facultades para fiscalizar la evolución de las finanzas públicas de los gobiernos descentralizados. Por otro lado la dispersión de intereses de los actores políticos, la poca claridad del proceso, la débil separación de poderes y la gran disparidad de capacidades entre las regiones hacen inviable una solución cooperativa. Para superarlo se necesita crear un foro formal de discusión política donde se decidan los lineamientos fiscales y donde los gobiernos regionales empiecen a participar más en las decisiones fiscales.

Pero no sólo el equilibrio fiscal es importante. También es necesario tener criterios claros para la asignación de recursos. El análisis realizado determinó que el impuesto a la renta a las empresas, el IGV e impuestos específicos, no deberían ser trasladados a los gobiernos subnacionales. Por el contrario sí se podría crear y destinar a los gobiernos subnacionales un impuesto a las planillas y a los trabajadores independientes (sobre la base del régimen general del impuesto a la renta que se maneja al nivel del gobierno central) y trasladar a los gobiernos municipales el Régimen Único Simplificado (RUS). En éste último caso los gobiernos municipales serían más autónomos sin arriesgar la estabilidad tributaria nacional ya que el RUS es un régimen impositivo con una participación pequeña en el total de la recaudación.

Con esta distribución de impuestos se plantearían dos esquemas. El primero es un esquema subnacional que busque que todas las personas que habiten en una determinada ubicación contribuyan directamente con su localidad, el segundo es un esquema central que busque promover la equidad.

Finalmente el monto de transferencias hacia los gobiernos regionales debe establecerse como un porcentaje fijo del IGV. Este impuesto representa más del 50% de los ingresos tributarios y es el impuesto de recaudación más estable. De esta manera se asegura una distribución de las transferencias equitativa y predecible. Igualmente las transferencias no deben desincentivar la función de los gobiernos regionales de recaudar impuestos.

En conclusión el proceso de descentralización debe estar diseñado de tal manera que no genere desequilibrio fiscal. La asignación de impuestos debe generar responsabilidad recaudatoria en los gobiernos regionales pero éstos deben ser otorgados de una manera realista, teniendo en cuenta la capacidad de gestión de los gobiernos regionales. La asignación del gasto y la transferencia de competencias hacia los gobiernos regionales deben realizarse paulatinamente, de acuerdo a su capacidad de gestión, y acompañada de la transferencia de los recursos financieros, técnicos y humanos necesarios.

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http://www.consorcio.org/descentralizacionbcr.asp