Más allá de un debate acalorado sobre la reforma pensionaria deberíamos centrarnos en lo que en ella está en juego. Debemos entender que la reforma pensionaria forma parte de la reforma del Estado lo cual nos compete a todos. Esta reforma implica que el Estado debe volverse mucho más eficiente en la gestión de los servicios y bienes que provee para que efectivamente cumplan con el objetivo de satisfacer las necesidades de la población. Esto significa, entre otras cosas, tratar de disminuir aquellos gastos excesivos y por otro tratar de elevar la recaudación de ingresos. Para lograrlo, no se debe crear necesariamente nuevos impuestos ni aumentar los ya existentes sino desarrollar estrategias para lograr que más personas paguen sus impuestos.

Pero volvamos al tema de los gastos que es una piedra angular de un reforma del Estado, tema en el que se enmarca la reforma pensionaria. Uno de los dos tipos de sistemas pensionarios en el mundo es el llamado sistema de reparto. En él los trabajadores aportan parte de sus ingresos al Estado (quien en este tipo de sistemas es el que generalmente administra los fondos) para crear un fondo conjunto que después sirva para pagar las pensiones de los jubilados. Este sistema implica que los fondos pasan a una sola bolsa en donde los ingresos los constituyen los aportes de los trabajadores activos y los egresos son los pagos de las jubilaciones de las personas que ya dejaron de trabajar. Como cualquier sistema de este tipo lo importante es que su financiamiento sea equilibrado, es decir que los ingresos sean mayores o en todo caso iguales a los egresos. Eso se cumple cuando el número de personas que aportan es mucho mayor que el número de personas que cobran jubilación.

Sin embargo, este tipo de sistema tiene un problema que se ha visto agravado por la evolución demográfica en el mundo. En efecto, el número de aportantes va a ir disminuyendo y el número de pensionistas va a ir aumentado. Esto definitivamente impacta en el equilibrio financiero del sistema y lo vuelve deficitario. Como es el gobierno el que administra estos bienes, el Estado es el que debe asumir el déficit del mismo. Eso es tan importante en el Perú que cerca del 15% del presupuesto de la República está destinado a ese fin.

Ahora bien, la reforma del D.L. 20530 busca disminuir el peso que significa para el Estado financiar el déficit del sistema de reparto. Además este D.L. discrimina a un grupo de trabajadores, dado que existen pocos pensionistas con pensiones muy altas y un gran número con pensiones bajas. Otro de los grandes problemas es el llamado “efecto espejo”. Tal efecto consiste en que un trabajador ya jubilado gana lo mismo que aquel que se encuentra trabajando en la actualidad. Así, si aumenta el sueldo de un trabajador activo se incrementa en la misma medida la pensión del jubilado, algo que no ocurre en ningún sistema.

El resultado es un sistema injusto y una gran necesidad de recursos que deben ser cubiertos por el Estado y con todos nuestros impuestos. En la medida que el tiempo vaya transcurriendo el déficit irá aumentando y la necesidad de financiamiento será mayor. El objetivo de la reforma es que la carga fiscal que implica este sistema de pensiones quebrado se reduzca en el futuro para que el Estado pueda destinar estos recursos a las tareas de su competencia, como por ejemplo salud y educación.