Hace pocos días se aprobó el Presupuesto Público para el 2005. El Congreso se encontró ante la disyuntiva de aceptar ciegamente las propuestas del Ejecutivo o asumir la responsabilidad de tomar decisiones claves sobre el manejo y posible reasignación de los recursos públicos, decisiones que el país exige y espera.
El Perú enfrenta una situación crítica: En tres años y medio de administración, el Gobierno de Toledo ha fracasado rotundamente, frustrando las esperanzas que la población puso en la restauración democrática. Mucho de éste fracaso se debe al centralismo de la política económica y al inadecuado manejo presupuestal, arbitrario y poco transparente, con prioridades de gasto e inversión mal establecidas, uso inadecuado de fondos públicos y escasa rendición de cuentas.

Esta situación no puede continuar. Se necesita un manejo presupuestal racional, equitativo y transparente, para que los ingresos y gastos del Estado se administren y asignen de acuerdo a las autenticas necesidades del país.
Un tema clave es la indolencia del Gobierno para incrementar ingresos, emprendiendo una autentica reforma tributaria. Las proyecciones del MEF prevén que la presión tributaria se mantendrá en apenas 13.4 % del PBI hasta el 2007, lo cual esta muy por debajo del 18 - 20% que se considera lo mínimo para que un Estado opere adecuadamente. El Gobierno no esta interesado ni en la lucha contra la informalidad ni en eliminar privilegios y exoneraciones para los grandes grupos económicos. Prefiere no crearse problemas y mantener al Estado desfinanciado.

En lo referente a los gastos, el desorden y la poca transparencia presupuestal son tolerados por un Gobierno con fobia a rendir cuentas. Las diversas demandas -legítimas o no- se confunden en un “vale todo” por conseguir recursos. Sectores vitales como el agro, la salud o la educación, languidecen por falta de fondos, mientras rubros de gastos superfluos, como prefectos, subprefectos y la burocracia dorada consumen gruesas porciones del presupuesto público.

Hay que ordenar y sincerar el presupuesto. Urge incrementar ingresos, encarando una reforma tributaria real. Deben evaluarse impuestos específicos a los sectores que registran utilidades extraordinarias como petroleras y mineras auríferas, lo que proporcionaría alrededor de S/. 500 millones adicionales al tesoro público. Hay que levantar las exoneraciones tributarias a ganancias de capital y bursátiles, para que efectivamente sean los que más ganan los que más paguen. Asimismo, el Gobierno no puede seguir posponiendo con pretextos la reglamentación de las Regalías Mineras, que proporcionarán no menos de S/. 160 millones a regiones y municipios.

Simultáneamente tiene que encararse el tema de la deuda pública, cuyo servicio absorbe más de la cuarta parte del presupuesto. Es necesario que haya una Auditoria de la Deuda, que determine que deuda es ilegitima, impulsando internacionalmente el establecimiento de un Tribunal de Arbitraje para la Deuda, donde el Perú pueda denunciar aquella deuda suscrita ilegalmente. Asimismo, hay que fomentar esquemas de canje de deuda por inversión social, permitiendo liberar recursos para dedicarlos a atender a la población.

Otro tema fundamental es el desborde de las demandas adicionales para el 2005, que rebasan los S/. 10,000 millones. Es necesario establecer una priorizacion racional y transparente de estos requerimientos adicionales. En la Ley de Presupuesto debe establecerse claramente que la inversión social y los sectores productivos relegados –tales como el agro, pequeñas y microempresas- tendrán prioridad en la asignación de recursos. La Emergencia Educativa y los programas de alfabetización, el Sistema Integral de Salud y campañas de inmunización, la atención a poblaciones excluidas y compra de medicamentos, el Programa de Compensación a Víctimas de la Violencia Política, entre otros, deberán tener máxima preferencia.

Esto tiene que acompañarse de una decidida Reforma del Estado: urge racionalizar el sistema de gasto público, unificando organismos y actividades redundantes, estableciendo la evaluación integral de la gestión de entidades y programas estatales, con el establecimiento de mecanismos de monitoreo permanente del cumplimiento de metas financieras y metas físicas. Debe evaluarse eliminar los anacrónicos prefectos, lo que liberaría S/. 100 millones. Hay que establecer un sistema de compras corporativas, lo que permitiría ahorrar cerca de S/. 170 millones anuales sólo en útiles de oficina, así como racionalizar sueldos de altos funcionarios estatales, lo que ahorraría S/. 40 millones.

El Perú del 2004 no es sustancialmente, ni más desarrollado, ni más prospero, ni más equitativo. No podemos seguir así. El presupuesto para el 2005 debería reflejar un cambio real.