A la luz de los éxitos obtenidos por programas de subsidios directos condicionados dirigidos a familias en extrema pobreza en varios países de la región, cabe destacar la intención del gobierno de implementar uno en el Perú. Por ejemplo, en México las tasas de matrícula en educación secundaria se incrementaron en 8% y 5% para las niñas y niños beneficiarios del programa respectivamente y los controles de crecimiento de los niños de 0 a 5 años aumentaron entre 30 y 60%. Sin embargo varios aspectos del programa merecen un análisis sumamente detallado para evitar las improvisaciones que lleven a un deficiente diseño, más aun cuando se habla de cifras mucho mayores que cualquier otro programa social (La transferencia mensual de Pro Perú (US$ 30/mes) sería equivalente a casi seis veces lo que entrega el programa Vaso de Leche al mes a una familia con tres beneficiarios)

Primero, los programas de transferencias directas condicionadas no han sido diseñados con fines asistenciales o de reactivación de la demanda sino con el objetivo de obtener logros en términos de capital humano (lo que contribuye definitivamente a la superación de la pobreza en el mediano o largo plazo). La transferencia monetaria no es el fin sino un medio para incrementar la demanda de familias muy pobres por servicios de educación y salud de calidad, los cuales, se asume, el gobierno debe de estar en capacidad de ofrecer.

Segundo, un piloto además de ajustar el tamaño del programa debe definir claramente los objetivos y mecanismos de intervención del programa. Implica además realizar una medición de la situación inicial, establecer un grupo de control y definir los instrumentos de evaluación de los resultados para poder recoger lecciones antes de extender el programa.

Tercero, el éxito de un programa de este tipo depende fuertemente de la existencia de un adecuado sistema de identificación de los pobres extremos, particularmente si se quiere incluir zonas urbanas. Ello aún no existe en el país (de hecho el uso de los padrones de los comedores no se acerca siquiera a una adecuada solución) y su implementación tomará tiempo y esfuerzo. A su vez, debe establecerse desde el inicio mecanismos definitivos de salida del programa, para evitar que el beneficio se convierta en un derecho adquirido por algunos grupos específicos, como lamentablemente ha sucedido con otros programas sociales.

Cuarto, respecto a la condiciones en el área educativa, cabría recordar que existe muy poco espacio para ver mejoras en cobertura en el nivel primario, debido a que las tasas de matrícula son bastante altas. El problema es más bien de calidad del servicio. En la educación inicial, aunque hay mucho espacio para mejoras, existe un importante problema de oferta de servicios, especialmente en las zonas rurales. En algunos países de la región, los programas de este tipo consideran un subsidio orientado a las escuelas e incluso se han visto acompañados de construcción de colegios. En educación secundaria, por otro lado, hay espacios para mejoras particularmente en el logro educacional de las mujeres de zonas rurales que podrían además contribuir a mejorar el nivel de vida de próximas generaciones, dada la importancia de la educación de las madres en el desarrollo de los niños.

Quinto, lograr resultados nutricionales positivos en niños menores de tres años (grupo en el que es primordial la intervención) es muy difícil. Requiere, entre otros aspectos, del acceso de servicios de salud y de agua y saneamiento de calidad y de capacitación a las madres. Además, requiere de la ingesta de alimentos con un contenido elevado de micronutrientes, particularmente hierro. Tal vez sea por ello que el programa Oportunidades de México incluye el reparto de papillas (mezclas especialmente preparadas) para este grupo de niños.

Sexto, los éxitos del programa dependerán también fuertemente de los mecanismos de control y supervisión. Al respecto, cabe preguntarse por ejemplo, qué mecanismos se usarán para controlar la asistencia de los niños a las escuelas cuando actualmente se tienen muchas dificultades para controlar incluso la asistencia de los docentes.

Por último, aunque no menos importante, se debería evitar caer una vez más en el error de iniciar un nuevo programa dejando de lado la reforma o sustitución de los programas sociales ya existentes y que atienden, en muchos casos, a los mismos grupos objetivo. Cabe preguntarse además como se enmarca Pro Perú en el proceso de descentralización de los programas sociales actualmente en curso, en el que se ha avanzado poco y donde existen una serie de importantes problemas pendientes de solución.