El intento de exonerar del sistema de detracciones a los productos agrarios desencadenó recientemente un fuerte enfrentamiento entre el Congreso y el MEF, incluso con una amenaza de renuncia del ministro Kuczinsky. El Legislativo había aprobado en marzo una norma eliminando el sistema de detracciones para el maíz duro, algodón, caña de azúcar, ganado vivo y carnes luego de una costosa huelga ganadera a inicios de este año. Según un cálculo propio esta exoneración generaría este año una caída de 65 millones de soles en la recaudación de los productos antes mencionados, mientras que según el MEF la medida significaría una pérdida fiscal de 180 millones. Cifras más cifras menos, el tema de fondo sigue siendo si es justo y eficiente aplicar el régimen del IGV y del sistema de detracciones a productos agrarios primarios en un contexto como el de la agricultura peruana.

Las detracciones son un sistema de pago de las obligaciones tributarias creado en el año 2001, y que ha venido ampliándose a diversos productos y servicios en los últimos años. Desde el 2002 se aplica a algunos productos agrarios, incluso a algunos primarios como el maíz amarillo y la caña de azúcar. Parte del reciente conflicto ganadero se debe a que SUNAT amplió el sistema al ganado vivo y a las carnes. La detracción obliga a los compradores de los productos afectos a depositar en una cuenta a nombre del vendedor un porcentaje del valor de la transacción. La cuenta sólo puede ser usada para pagar obligaciones tributarias del vendedor. No es un aumento de la carga tributaria de los contribuyentes pero si una forma mucho más agresiva de recaudar y supervisar el pago de los tributos, especialmente el IGV.

Las dificultades para la aplicación y ampliación de las detracciones a productos primarios agrarios viene desde los inicios en el año 2002 y muestra un problema básico del propio régimen de IGV: intenta ser ampliado a los productores agropecuarios sin considerar sus particularidades. Con un IGV de 19%, no es viable para cientos de miles de agricultores y ganaderos formalizarse, ya que los intermediarios les reducen el IGV del precio de venta mientras que ellos sólo pueden descargar una muy pequeña fracción de sus costos debido al escaso uso de insumos intermedios comprados en el mercado. El saldo del IGV para los pequeños productores agrarios es muy oneroso y afecta más a quienes menos tienen. Así, para el 95% de los agricultores peruanos el régimen del IGV no es una opción viable y el Estado no ha diseñado un sistema alternativo que haga posible su formalización.

Además, las detracciones son efectivas cuando ambos, compradores y vendedores en una cadena, están formalizados y existe evidencia de un alto nivel de evasión, especialmente en los vendedores. En este caso, hacer que el comprador haga un depósito a nombre del vendedor para el pago de impuestos funciona como un instrumento fuertemente disuasivo para reducir la evasión por parte de los vendedores. La mayor parte de los agricultores son pequeños e informales y las detracciones sólo extraen recursos de sus precarias economías que deben lidiar ya con precios reducidos y bastante inestables.

Obviamente, las detracciones también afectan a los intermediarios, que antes tenían carta libre para ocultar información a la SUNAT y evadir el pago de impuestos por sus propias actividades de intermediación. Ellos ahora deben enfrentar las detracciones para la siguiente etapa de la cadena, aumentando la presión sobre sus posibilidades de evasión. El problema es que los intermediarios tienen suficiente poder de mercado para trasladar la mayor parte de esta presión hacia sus pequeños e informales proveedores, los que a la postre protestan en contra el Estado y esta conflictiva política tributaria.

Así, pensamos que hay una dosis de desconocimiento o indiferencia del Estado frente a la compleja realidad económica y social del agro peruano al que se quiere aplicar un IGV muy alto e instrumentos de cobro tributario inapropiados como las detracciones, generando un creciente y peligroso rechazo al Estado con movilizaciones cada vez más costosas para el país. Una salida rápida a esta política equivocada en el corto plazo es exonerar del sistema de detracciones a todos los productos en estado primario y usarlo solamente para las demás etapas de comercialización y transformación. La salida de largo plazo es crear un régimen tributario especial para los productos primarios agrarios, que haga viable la formalización de los cientos de miles de pequeños agricultores y ganaderos. Mientras tanto, no es aconsejable seguir insistiendo en aplicar este controvertido e injusto sistema de detracciones a los productos primarios del agro.