Para garantizar el pago del IGV en un sector con 99% de informalidad como el sector agropecuario, se decidió aplicar el sistema de detracciones del IGV sobre algunos de sus productos. Este sistema consiste en que el comprador de productos agropecuarios deposita una parte del total de la compra en una cuenta corriente a nombre del vendedor. Dicha cuenta en el Banco de la Nación debe ser utilizada por el vendedor para pagar sus obligaciones tributarias[1]. Sin embargo, la aplicación sobre los productos de la actividad pecuaria y sus derivados es la que ha enfrentado gran oposición, obligando al Ejecutivo a suspender su aplicación hasta el 30 de septiembre de este año debido a las protestas y huelgas promovidas por los productores ganaderos.

El sistema de detracciones se aplica de forma gradual desde el año 2002 y en la actualidad recae sobre productos de la actividad agrícola primarios (caña de azúcar, algodón) y procesados (alcohol etílico), madera, recursos hidrobiológicos y sus derivados (aceite de pescado), actividad pecuaria y sus derivados (animales vivos, carne, cuero) así como también recae sobre operaciones de prestación de servicios de intermediación laboral y diversos servicios empresariales. La suspensión de la aplicación del sistema ha motivado que el Congreso de la República envíe al Poder Ejecutivo un dictamen que dispone la eliminación de las detracciones a todos los productos agropecuarios primarios y derivados. Sin embargo, el Ejecutivo ha rechazado el referido dictamen y se encuentra preparando una contrapropuesta. La pregunta ante tal escenario es: ¿Deben eliminarse las detracciones siendo que el sistema ya se encuentra vigente? La respuesta no es tan sencilla.

El objetivo del sistema es garantizar el pago del IGV en sectores con alto grado de informalidad. En ese sentido, su vigencia sólo se justifica si sus beneficios (no sólo una mayor recaudación del IGV sino que aumente la formalidad del sector) superan a sus costos, lo cual hasta la fecha no queda claro. Lo que sí queda claro son los posibles efectos de la eliminación de las detracciones en la coyuntura actual:

• Menor financiamiento para las crecientes necesidades de gasto comprometido, como el aumento de 14 soles por quintal de algodón blanco en rama, entre otras promesas de subsidios y nivelaciones de sueldo. En ese sentido, las detracciones agropecuarias representan un monto importante; en 2004 fueron el 12,9% de la recaudación del IGV.
• Su eliminación daría una indicación equivocada de apoyo a la informalidad. Los productores de azúcar aseguran que, desde la implantación de las detracciones en el 2002, el sector se ha formalizado y esto les permitirá invertir US$ 400 millones en los próximos 5 años para aumentar la competitividad de la industria. El sistema es respaldado por contribuyentes formales que se ven amenazados por la competencia desleal de la elevada informalidad[2].
• La eliminación del sistema para un solo sector, producto de presiones, puede generar una señal de debilidad de las autoridades tributarias así como minimizar el sustento técnico aplicado en el diseño del sistema.

La pregunta que no debe olvidarse es: ¿Es el sistema de detracciones la mejor forma de reducir la informalidad de los sectores señalados? Para responderlo se debe identificar por qué el incumplimiento tributario es tan elevado en el sector. Por ejemplo, si la causa es la complejidad del sistema tributario para los contribuyentes, entonces la solución puede ser; desde proporcionar una mayor orientación, mejorar la fiscalización y control de las obligaciones tributarias, hasta replantear el sistema tributario y su administración; o alguna combinación de todas éstas. Una vez identificada la causa del problema deben definirse medidas orientadas a resolverla.

En suma, las detracciones del IGV al sector agropecuario buscan reducir el nivel de incumplimiento tributario del sector. En ese sentido se debe mantener el sistema de detracciones hasta definir medidas que verdaderamente ataquen la raíz del problema de incumplimiento tributario, que todavía está por determinar, y que compensen la pérdida de ingresos tributarios con medidas alternativas de fiscalización y control.

[1] Los montos depositados en las cuentas que no se agoten cumplido el plazo señalado por la norma luego que hubieran sido destinados al pago de tributos, serán considerados de libre disponibilidad para el titular.
[2] El apoyo de los azucareros al Ejecutivo también se debe a que el incremento del subsidio por quintal está condicionado a la recaudación tributaria. Los productores de maíz también se han opuesto a la eliminación de las detracciones.