El gobierno del Presidente Toledo enfrenta un gran desafío: cómo lograr que el presente período sea recordado como positivo y no como cinco años de falta de liderazgo. Sin duda, es difícil revertir la percepción negativa del ciudadano reflejada en las encuestas. Para hacerlo se deberían priorizar medidas claves en campos tales como el económico, la reforma de la gestión pública, la descentralización, y el retorno del respeto por la autoridad.

En el campo económico son tres los puntos fundamentales: (i) mantener una disciplina fiscal y monetaria entregando una economía sana, sin una proyección de un nuevo déficit fiscal resultante de la temporalidad de algunos impuestos; (ii) terminar de negociar el TLC con EEUU y hacer todo lo posible para lograr que este sea aprobado por el Congreso; y (iii) impulsar una estrategia nacional de competitividad y poner en marcha los planes anuales de competitividad, dándole un especial énfasis al tema de generación de infraestructura básica para el comercio exterior e interior.

En el campo de la gestión pública se debe tener en cuenta los siguientes puntos: (i) completar el proceso legal y administrativo para hacer de la carrera pública un verdadero servicio civil profesionalizado; (ii) introducir la gestión por resultados en la administración pública fijando metas concretas y ligadas al gasto presupuestal; y (iii) en cuanto a la reforma del sistema judicial se debe apoyar la implementación de las medidas propuestas por el Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS).

En el campo de la descentralización se sugiere: (i) apoyar la formación de macro regiones que consoliden espacios geográficos comunes; (ii) implantar un programa efectivo de transferencia de funciones a los gobiernos regionales y locales, evitando un control asfixiante por parte del Consejo Nacional de Descentralización (CND), y (iii) promover que los gobiernos locales generen sus propios ingresos.

Para reestablecer el principio de autoridad es necesario: (i) afrontar el tema de la polarización nacional que se viene dando alrededor del tema de la coca; (ii) implementar medidas concretas que permitan reducir la tensión en el agro, reduciendo las trabas administrativas que impiden su modernización, (iii) adoptar una posición más firme para no tolerar alteraciones del orden público como el bloqueo de carreteras; y (iv) determinar el costo ambiental de las actividades mineras y deslindar responsabilidades de los agentes privados y públicos frente a los afectados.

Finalmente, se debe continuar con las acciones positivas, como apoyar la realización de un proceso electoral limpio y sin intervención del Ejecutivo para favorecer al partido en el gobierno o a los partidos de su alianza electoral.

Existen otros objetivos deseables pero cuyo logro, a diferencia de los anteriores no parecen ser viables de concretar: (i) implementar un verdadero proceso de reforma educativa; (ii) definir una política de largo alcance de defensa nacional y rol de la fuerzas militares; (iii) implementar un efectivo plan nacional de seguridad ciudadana; (iv) hacer efectiva una política anti-corrupción que tenga la aceptación general de los partidos políticos y los actores económicos; y (v) concretar una política efectiva de alivio a la pobreza

Un punto clave para el logro de los objetivos mencionados será la definición de un gabinete de salida con autoridad y liderazgo para cambiar la actitud defensiva y reactiva que ha caracterizado su accionar en los últimos años.