Por cada sol adicional recaudado por la Apafa de una escuela pública, dicha escuela recibe 15 soles más por alumno de parte del Estado. Esto se explicaría porque a mayor recaudación de la Apafa, los padres son de mayor nivel socioeconómico, y por lo tanto tienen mayor capacidad de influir en la burocracia educativa. Esta desigualdad en el acceso a recursos para la educación es una de las razones para reformar los procesos de asignación del gasto público en educación.

Estos resultados fueron hallados en un estudio realizado con datos del año 2001. En esa época el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ejecutaba el gasto público en educación a través de organismos de nivel intermedio, llamados Unidades Ejecutoras (UE) Estas, a su vez, transferían los recursos a los propios centros educativos.

El gasto público por alumno disminuye a medida que aumenta el número de alumnos por aula, lo cual indica que el sistema de asignación del gasto en educación no considera el aumento de los alumnos matriculados. Así, una escuela con un promedio de 10 alumnos más por aula recibirá en promedio 16% menos recursos por alumno. Por otro lado, si tomamos en cuenta solo el gasto que efectivamente controlan las UE (es decir excluyendo las remuneraciones, las cuales son fijas), la asignación del gasto resulta ser muy centralista: las escuelas en Lima reciben en promedio 102% más por alumno que las escuelas de provincias.

En el nivel de las UE también existe un sesgo centralista en la asignación del gasto. Las UE de Lima tienen en promedio 138% más de presupuesto que las UE del resto de departamentos. Asimismo, la asignación de recursos no está en relación a las necesidades de los departamentos, y por lo tanto, no es equitativa: los departamentos con mayor índice de pobreza reciben menos recursos del Estado. Por otro lado, las variables organizacionales, como el número de UEs y de Direcciones Regionales, sugieren que hay ganancias en la centralización del gasto en el nivel regional: a mayor número de UEs por departamento se ha encontrado que el gasto por alumno disminuye. Por ejemplo, si consideramos los recursos que llegan efectivamente a las escuelas y que controlan las UEs, por cada UE adicional en un departamento el gasto por alumno en él se reduce en 8%.

En consecuencia se necesita una reforma de los procesos de asignación del gasto público en educación y, particularmente, de su estructura organizacional. Esta reforma debe simplificar la asignación del gasto y buscar una mayor participación de la escuela y la comunidad en la asignación del gasto. En primer lugar se deben incluir, explícitamente, criterios de asignación que tengan en cuenta la búsqueda de equidad y las carencias educativas, a diferencia de la distribución actual que es muy inequitativa. En segundo lugar se debe reforzar la participación de los padres de familia en las escuelas de las zonas más pobres, a través de la Apafa o algún órgano similar, para mejorar su capacidad de organización frente a la burocracia local. Finalmente, para realizar una verdadera descentralización del sector educativo, no basta transferir funciones sino reducir la preponderancia de Lima en la asignación del gasto educativo. Una meta razonable sería equiparar el gasto por alumno de las regiones con el departamento de Lima, considerando las carencias educativas y los niveles de pobreza de las diferentes regiones.

[1] Artículo basado en el estudio “La inversión pública en la educación: proceso de asignación y determinantes del gasto por alumno”. Puede descargar la versión completa desde http://www.consorcio.org/programa2002.asp. También puede descargar un resumen del estudio en http://www.consorcio.org/CIES/html/pdfs/bol54/01jaramart.pdf