El ámbito rural enfrenta grandes desafíos para su desarrollo. El Estado y el sector privado invierten importantes recursos para promover acciones y proveer servicios en zonas rurales, desgraciadamente muchos de estos esfuerzos son aislados y tienen limitado impacto. En el año 2004 el sector público invirtió más de 460 millones de dólares al año en programas con incidencia en el ámbito rural. Complementariamente una gran cantidad de programas de ONG, de la cooperación internacional y del sector privado se desarrollan en este ámbito.

Sin embargo el gasto de gobierno es muy especializado y con poca coordinación y articulación con otros programas (públicos o privados). Estos programas no promueven alianzas y, en su mayoría, no recogen las necesidades de la población ni son evaluados con un mínimo de rigurosidad; por ello, tanto su impacto como su capacidad de generar lecciones para futuras intervenciones[2] es limitado. Son programas que no logran construir un “puente” entre la sociedad rural y el Estado y ahí está, seguramente, su mayor limitación. El grueso de estas actividades intervenciones no está alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural (ENDR)[3]. Esta estrategia propone como objetivo de la política de desarrollo rural: “Impulsar el desarrollo humano en el espacio rural con criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental, equidad y democratización en las decisiones locales”. La ENDR propone nueve lineamientos estratégicos que van desde aspectos de cambio institucional hasta temas de transformación productiva, con un fuerte compromiso con una visión amplia de “lo rural”, es decir, más que sólo agro en términos productivos y no como oposición a lo urbano, sino más bien incluyendo lo urbano en sus propuestas.

La ENDR es un instrumento que debería guiar y regir las intervenciones, públicas y privadas, en el ámbito rural justamente para promover alianzas, mayor coordinación y sinergias entre las varias iniciativas, programas y proyectos que de desarrollan. Desgraciadamente, cuando se analiza lo que se viene haciendo se constata, que salvo unas pocas excepciones (Mareanass, Corredores, Incagro, Procuencas, son algunos ejemplos), la mayor parte de las acciones del sector público aun no están alineadas con la ENDR. El desencuentro entre lo que se hace y lo que se quiere hacer (la ENDR) se explica por varias razones, la multisectorialidad del tema, lo reciente de la ENDR, la falta de conocimiento de la misma, lo poco visible de la problemática rural, etc.

¿Cómo apoyar un cambio en lo que se hace hacia los lineamientos propuestos en la ENDR? Desde la investigación es posible avanzar en algunas tareas de largo aliento conducentes a reducir este desencuentro. En primer lugar, se debe visualizar y “vender” mejor el tema. Para ello es necesario más investigación, más debate y más propuestas sobre las distintas temáticas sobre asuntos rurales. Promover que se abran nuevas aristas, enfatizar que no es un tema sólo de lucha contra la pobreza ni de mejores oportunidades económicas, sino de desarrollo: de las personas, de las poblaciones rurales y del país. La mayor visibilización del tema requiere también de la producción de nuevas imágenes de lo rural y de su importancia. Por ejemplo, el análisis de los resultados del censo de población en marcha es una oportunidad para mostrar qué es lo rural. Se debe lograr que todos internalicemos que el desarrollo rural es un negocio rentable para el Estado y la sociedad peruana y que no es posible avanzar en el desarrollo nacional sin desarrollo rural.

En segundo lugar, se debe adecuar la ENDR. Es decir, no hacer todo ni abarcar todos los temas, sino convertirla en un instrumento para que la discusión sobre el desarrollo rural tenga un marco común. La ENDR que hoy rige el desarrollo rural del Perú, no es perfecta, no es muy práctica, es todavía bastante general en algunos aspectos y excesivamente precisa en otros. Hay un espacio importante para que los investigadores y los que vienen implementando iniciativas orientadas al desarrollo rural den sus aportes para mejorar y consolidar la ENDR.

En tercer lugar, los investigadores y otros actores podemos y debemos exigir cuentas de los avances en temas de desarrollo rural. Pero, ¿a quién le pediremos cuenta de lo que se hace o se deja de hacer en materia de desarrollo rural? Ahora, técnicamente tendríamos que dirigirnos al Secretario Ejecutivo del Comité Técnico Social de la PCM. ¿Podremos? Existe la tarea de definir cómo hacer esto en el esquema institucional actual o cómo crear una nueva institucionalidad, que responda a un nuevo pacto especial sobre el desarrollo rural, con una cabeza a quien se le deba pedir cuentas de lo actuado. Sin embargo, nuevamente, ¿quién promueve que se dé este cambio? Quizá este es un paso previo a los dos anteriores.

Por lo pronto, se debe exigir mejores evaluaciones, programas de monitoreo de lo que se hace hoy en el medio rural[4]. Los sectores (MIMDES, MINAG, Ministerio de Energía y Minas-MEM, MTC sobre todo) están obligados a demostrar que están haciendo bien su trabajo. Los Gobiernos regionales y los municipios deben desempeñar una función importante junto con los analistas e investigadores, la cooperación internacional y la sociedad rural exigiendo estas evaluaciones y sobre todo la adopción de la ENDR.

Finalmente, en cuarto lugar, el momento electoral que se avecina y los primeros meses del próximo gobierno son una buena oportunidad para impulsar la adopción de la ENDR como marco, como eje articulador de propuestas, de acciones, de nuevos espacios de diálogo. Los investigadores podemos apoyar este tipo de iniciativas y acciones con nuestras opiniones y con nuestra producción, pero las definiciones están en manos de otros actores, con quienes debemos dialogar.

[1] Este artículo es un resumen de la ponencia “Estrategias y políticas de desarrollo rural” presentada por Carolina Trivelli en el Seminario Permanente de Investigación Agraria XI. Trujillo, Perú, agosto de 2005. Puede consultar la ponencia en “ponencia_sepia_15_octubre[1].doc”
[2] Siempre se puede argumentar que las condiciones de vida de la población rural podrían ser peores sin estos programas, pero ese es un argumento poco relevante y totalmente cómodo.
[3] Aprobada en septiembre del 2004
[4] Hay, además, una discusión mayor tras esta y es la referida a si se gasta lo suficiente o no en el medio rural, a cómo se gasta y quién decide en qué, dónde y cómo se realizan estos gastos.