Tenemos casi US $ 23 mil millones de déficit en infraestructura. Este déficit está altamente concentrado fuera de Lima, donde el Estado es el principal operador de la infraestructura pública. Transcurridos diez años desde las principales concesiones de servicios, es necesario replantear las principales líneas de acción que contribuyan a fortalecer y profundizar el desarrollo de la infraestructura y la provisión de los servicios públicos en el país.

El aumento de la inversión privada en servicios gestionados por el Estado, hizo necesario que se establezcan agencias regulatorias especializadas. Estas agencias han encontrado numerosos impedimentos para alcanzar la autonomía con la que fueron diseñadas. Para lograrlo, en primer lugar es necesario eliminar las medidas de austeridad aplicadas a los reguladores, y concederles un trato similar al que tienen los organismos constitucionalmente autónomos. Estas medidas dificultan la gestión eficiente de los reguladores debido a que afectan sus decisiones para contratar y para capacitar a sus funcionarios. Las medidas resultan incluso más incomprensibles considerando que los reguladores no reciben ninguna transferencia de parte del Tesoro.

En segundo lugar, es necesario que las decisiones de los Consejos Directivos y de los Tribunales de Solución de Controversias no puedan ser trabadas interponiendo acciones ante el Poder Judicial. Esto no sólo demora los procesos regulatorios sino que los jueces pueden no estar preparados para resolver temas técnicos de competencia y regulación de los servicios públicos. Por ello es necesario que el Poder Judicial solo esté facultado a pronunciarse sobre la forma y no sobre el fondo de los procesos regulatorios y de controversias. De esta manera, las resoluciones serían declaradas inaplicables solo si se demostrase que no se han seguido el debido proceso.

En tercer lugar, se requiere que la opinión de los reguladores sea de cumplimiento obligatorio en la firma de los contratos de concesión. Así se evitará errores de diseño de las cláusulas regulatorias de los contratos, los cuales han originado un elevado número de modificaciones a los contratos de concesión

No sólo se recomienda fortalecer la autonomía presupuestaria de los organismos reguladores y reforzar el carácter vinculante de la opinión técnica. También es necesario exigirles la máxima transparencia. En el ámbito administrativo, esta transparencia incluye la publicación de: 1) las actas de las sesiones de sus Consejos Directivos y de sus Tribunales de Solución de Controversias, 2) las contrataciones de personal, 3) los procedimientos seguidos, entre otros. En el ámbito técnico se debe exigir predictibilidad en la fijación tarifaria al regulador, puesto que algunos contratos de concesión no han especificado sus metodologías de fijación tarifaria con claridad. Para subsanar esta omisión el organismo responsable deberá informar sobre tal metodología, con la debida anticipación y evitando cambios injustificados.

Finalmente, es importante destacar que la tarea pendiente en materia de infraestructura es superar progresivamente el déficit en diversos sectores. Para ello, además de las medidas propuestas respecto a los organismos reguladores, es necesario promover la inversión privada en telecomunicaciones, saneamiento, electricidad y transporte, invertir recursos en realizar estudios específicos sobre la evolución del bienestar y su relación con la infraestructura y la provisión de los servicios públicos.

[1] El presente artículo está basado en el documento “Competitividad e integración con la economía mundial” realizado en el marco del Proyecto Perú 2006. El proyecto cuenta con la participación del Acuerdo Nacional, la Asociación Civil Transparencia, el CIES, el Instituto de Defensa Legal, el JNE y Propuesta Ciudadana. El objetivo del proyecto es elevar el nivel del debate electoral de las próximas elecciones. Próximamente podrá descargar la versión completa de este estudio en:
http://www.consorcio.org/eleccionesperu2006/