El proyecto de ley de desafiliación de las AFP ha llevado el tema de las pensiones a la campaña electoral. Pero la discusión está mal enfocada cuando el tema se reduce a una pequeña parte del problema de pensiones: la de permitir o no el tránsito de un sistema a otro. Los sistemas de pensiones en el Perú requieren una reforma integral.

El principal defecto de la forma cómo están establecidos los sistemas provisionales en el Perú es que 3 de cada 4 peruanos mayores de 65 años no tienen pensión de ningún tipo. Este es el grupo que debería ser prioritario en cualquier política pública previsional. Lo que es peor, la proporción de trabajadores activos que no contribuye a un sistema pensionario es aún mayor, alcanzando hoy a 5 de cada 6 peruanos, por lo que bajo el sistema actual la proporción de ancianos sin pensión ira aumentando en el tiempo. La reforma que creó el sistema privado de pensiones y las AFP, junto a la flexibilización laboral que favoreció contratos de trabajo sin derechos, fracasó rotundamente en cuanto a asegurar económicamente la vejez de los peruanos.

El segundo problema es que el esquema de dos sistemas paralelos (privado - AFP y público - ONP) es un mal sistema. Su coexistencia en competencia desequilibra necesariamente al sistema público y genera los problemas que hoy se evidencian con las presiones por la desafiliación: quienes no han logrado que las AFP les paguen una buena pensión, quieren recibir algo mejor pasándole parte de la factura al tesoro público (¿y porqué junto a la desafiliación, las AFP no devuelven también sus comisiones?).

En efecto, se dice que el Sistema Nacional de Pensiones creado por la ley 19990, que administra la ONP, está quebrado. Pero su desequilibrio financiero se debe precisamente a la instalación de las AFP. El sistema de pensiones de la 19990 se basa en que los trabajadores activos damos una parte de nuestro sueldo para mantener a los jubilados, con la promesa de que cuando nosotros seamos jubilados, los futuros trabajadores nos mantendrán de la misma manera. A esto se le llama solidaridad entre generaciones: los jóvenes sostienen a los ancianos. Al instalarse el sistema privado de AFP, una buena parte de los trabajadores activos dejó de financiar a los jubilados y pasó a depositar sus cotizaciones en una cuenta para que las AFP las inviertan. Fue como quitarle dos o tres patas a una mesa: no hay forma que el Sistema Nacional de Pensiones (19990) esté en equilibrio, salvo poniéndole otras patas de reemplazo, que es lo que hace el estado con el presupuesto que transfiere a la ONP. Solo que como el MEF en los últimos quince años ha sido siempre reacio a gastar más dinero (cobrando más impuestos a quienes más tienen), las patas que pone son chiquitas y por eso las pensiones son una ridiculez.

El sistema de pensiones requiere una reforma integral. Los fondos públicos deben dirigirse prioritariamente a crear una pensión asistencial para los ancianos pobres, que es perfectamente financiable. Se financiaría a través de un sistema de pensiones a pobres rurales que otorgue una pensión mínima de 200 soles mensuales costaría en el Perú 70 millones de soles mensuales, un 0,3% del PBI, que se puede comparar con la meta del Acuerdo Nacional de elevar la recaudación tributaria en 5% del PBI. Las contribuciones de los trabajadores activos deben dividirse en dos partes: una destinada a un sistema público que garantice pensiones básicas a todos, otra destinada a las AFP bien reguladas que inviertan en el país y generen una pensión adicional para quienes realizan mayores aportes. Un esquema de dos sistemas, público y privado, que en vez de competir absurdamente sean complementarios, es la mejor alternativa. Ojalá más temprano que tarde quienes gobiernan el país se decidan a una reforma integral del sistema provisional, antes que a parchecitos que no resuelven el problema.