Uno de cada cuatro peruanos, especialmente los más pobres y vulnerables, se encuentran excluídos del sistema de salud en el Perú. El sistema presenta también problemas en cuanto a la mortalidad materna, el acceso a agua potable o el nivel de gasto. A continuación se presentan propuestas para abordar estos problemas en el periodo de gobierno 2006-2011.

La situación sanitaria en el Perú es precaria, como lo demuestran los indicadores básicos de mortalidad general, mortalidad infantil y materna, niveles de desnutrición y anemia, y la persistencia y reemergencia de enfermedades infecto contagiosas que ya fueron erradicadas o controladas en otros países. Y lo más grave es que un 25% de la población peruana, especialmente la más pobre y vulnerable, está excluida del sistema de salud.

Otro indicador en el mismo sentido es el gasto total en salud, invertimos solo 4,7% del PBI, muy por debajo del promedio latinoamericano (7,3%), y con un nivel similar a los países del África sub-sahariana. Además, solo un 23% de este gasto corresponde al tesoro público, mientras que el 39% del gasto está dado en forma directa por los hogares.

Frente a esta situación, el presente documento plantea propuestas en cuatro áreas centrales: promoción de la salud, aseguramiento universal, recursos humanos y participación ciudadana. Respecto al primer punto, la propuesta plantea que debe darse prioridad a la promoción de la salud y a las políticas que actúen sobre los factores que generan riesgos y daños, priorizando cuatro áreas: nutrición, agua, educación y medio ambiente. Una de las propuestas consiste en realizar una gran reforma sanitaria que termine con la fragmentación institucional existente. Esta reforma sanitaria debe permitir el aseguramiento universal en un sistema de salud orientado a la prevención de enfermedades y a la recuperación de la salud. Esto se puede lograr articulando la protección colectiva e individual y el esfuerzo complementario de actores públicos y privados para el logro de una salud integral con justicia social, equidad, calidad y eficiencia.

Esta reforma sanitaria debe permitir que exista un solo órgano rector, el Ministerio de Salud (Minsa), con sólo un ente administrador-financiero de la salud individual que maneje un fondo único respetando los derechos de los afiliados y familiares de EsSalud y las Sanidades (FF.AA. y Policiales). La extensión de la cobertura a áreas rurales mediante diversos mecanismos, la mejora de la calidad y la adecuación del servicio a las necesidades y la cultura de cada zona son también indispensables para lograr que se haga efectivo el derecho a la atención de salud.

Por último, dada la necesidad de procesar en paralelo una reforma que termine con un Estado cerrado, burocrático y muchas veces utilizado para fines particulares, la nueva institucionalidad debe expresar una voluntad de cambio y apertura. Esto se puede lograr mediante un nuevo Sistema Nacional Descentralizado y Participativo en Salud. Para ello se propone la modificación de la Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado (SNCD) y la instalación de un nuevo Consejo Nacional de Salud (CNS), con funciones claras y composición amplia de la sociedad civil. Una mejor relación Sociedad-estado en salud requiere la institucionalización de la Conferencia Nacional de Salud como un espacio de expresión de la sociedad construida desde abajo, la concertación con el Estado y la definición de políticas de mediano y largo plazo.

[1] El presente artículo está basado en el documento “Políticas de Salud 2006-2011” realizado por los autores en el marco del Proyecto Perú Elecciones 2006, cuyo objetivo es elevar el nivel del debate electoral en el país y realizar un aporte al próximo gobierno 2006-2011. El proyecto cuenta con la participación del Acuerdo Nacional, la Asociación Civil Transparencia, el CIES, el Instituto de Defensa Legal, el JNE y Propuesta Ciudadana. Puede descargar la versión completa de este estudio en
http://www.consorcio.org/peru2006/