Los candidatos presidenciales más populares han prometido, de uno u otro modo, revolucionar la educación peruana. Han ofrecido financiarla con el 6% del PBI; de la misma forma que Toledo prometió, pero no cumplió.

Alan García ha hablado de un shock pedagógico, de aumentar las clases en una hora diaria, de capacitación laboral y regionalización educativa. Para Lourdes Flores la revolución se lograría dotando de laptops a los estudiantes, renovando el currículo escolar, fortaleciendo la administración escolar y usando mediciones de los desempeños escolares. Según Valentín Paniagua, se lograría firmando multipartidariamente un “Pacto por la Educación” para el largo plazo, que implementaría el Proyecto Educativo Nacional propuesto por el Consejo Nacional de Educación, priorizando la educación rural. Ollanta Humala ha hablado de una educación orientada hacia la producción, una carrera docente meritocrática y la generación de recursos adicionales para la educación a partir de impuestos a las sobreganancias mineras.

Sin duda, el propósito revolucionario es loable pero lamentablemente se queda en enunciados. Una revolución no se puede hacer sin revolucionarios y sin planteamientos revolucionarios. Lo que escuchamos es más de lo mismo. Sin embargo quedan sin responder preguntas importantes. ¿Cómo lograr que la educación peruana que invierte 250 dólares al año por alumno y cuenta con maestros mal preparados, compita exitosamente con la europea ó asiática que invierte 5,000 dólares al año y cuenta con docentes postgraduados?

Nuestros candidatos siguen dando vuelta en torno a los lugares comunes que se encuentran en cualquier discurso electoral latinoamericano sobre políticas educativas, sin tocar carne. Siguen planteando que haremos una gran revolución educativa si aumentamos el financiamiento, mejoramos los salarios magisteriales de acuerdo a méritos; si alfabetizamos a los más de dos millones de analfabetos y orientamos la educación hacia la capacitación laboral. Eso no lo han logrado los chilenos, argentinos, brasileros ni mexicanos, nuestros compañeros de tragedia educativa según PISA, aún teniendo más recursos.

En suma, ninguna de las promesas de revolución educativa está sustentada en propuestas que se confronten de verdad con las estructuras vigentes, los paradigmas convencionales y los grupos de interés existentes (como los grupos magisteriales o los grupos de propietarios de instituciones educativas) Las propuestas tampoco muestran cómo se pueden dar verdaderos saltos en la calidad y equidad educativa en el corto plazo.

Sin duda es más cómodo no tocar temas sensibles como podrían serlo por ejemplo, hablar de una revolución desde la organización de los padres de familia, desde el uso de la tecnología, o desde un cambio en la gestión educativa. Este cambio en temas como el de la autonomía podría ir desde el enfoque liberal que permitiría a cada colegio tener una gestión cercana a la privada, -administrando libremente los recursos materiales y a los docentes en función a su desempeño-, hasta el enfoque estatista, que diluiría la educación privada dentro de la pública, desapareciendo sus particularidades y prerrogativas. Sin embargo, nada de eso se toca. Nadie quiere arriesgarse.