Lima 19/ 04/ 06
 
Programas sociales: ¿atacan la pobreza?[1]
Enrique Vásquez
(CIUP)

Entre los años 2000 y 2005, el gasto social en el Perú representó aproximadamente el 25% del presupuesto público y registró una tasa promedio de crecimiento anual de 8%. Sin embargo, este esfuerzo no se ha visto reflejado en resultados tangibles, pues el nivel de pobreza se ha mantenido en 50% y el malestar percibido se ha incrementado durante este periodo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué se puede hacer en el corto plazo para mejorar los programas sociales?

Estos resultados desalentadores se deberían a una gestión deficiente de los recursos públicos destinados a los programas sociales. En consecuencia, surgen problemas tales como filtración (la población beneficiaria no es la población objetivo), subcobertura (población objetivo que no está siendo atendida), politización del gasto, e incremento del gasto corriente: planillas y obligaciones sociales. Por ello, se requiere dejar atrás el enfoque asistencialista predominante en los noventa y pasar a un enfoque orientado al desarrollo de capacidades de la población que refuerce la gestión social de riesgo. La tercerización, tanto en los programas mismos como en los mecanismos de monitoreo y evaluación, permitiría reducir la filtración y aumentar la cobertura

En el ámbito de la Salud pública, se plantea una reestructuración del Seguro Integral de Salud, la que debería estar concentrada en encontrar un método eficiente que evite los niveles de filtración y subcobertura que presenta el programa. Por su parte, la labor pendiente en el caso del Programa Nacional Wawa-Wasi, está relacionada con el incremento del nivel de participación de la comunidad en el programa, ya que esta es indispensable para su apropiado funcionamiento.

De otro lado, será importante tomar en cuenta la resistencia de intereses creados que puedan presentarse en la implementación de las propuestas planteadas en este trabajo. Debe ponerse especial énfasis en la politización de las propuestas. En este sentido, resulta esencial fomentar la transparencia de los procesos para poder evitar la presión de determinados grupos que defienden sus intereses. Esto está relacionado con los altos niveles de burocracia en las entidades estatales, las cuales generan rigideces para la implementación de cualquier reforma.

En síntesis, se requiere mejorar la calidad del gasto social haciendo que éste impacte de manera tangible la calidad de vida y la mejora del capital humano del país. Para ello se requiere, en lugar de crear nuevos programas, reformar los ya existentes y cambiar el paradigma de la política social, pasando del asistencialismo al desarrollo de capacidades en las personas y enfocando los esfuerzos a la gestión social de riesgo. Esto demanda metas y objetivos claros teniendo en cuenta los perjuicios sociales y económicos que genera el cruce de funciones, el clientelismo, la subcobertura, y la filtración; y a la vez los beneficios –en estos mismos ámbitos- de la eficiencia, eficacia, equidad y transparencia en la ejecución de estos programas.

[1] El presente artículo está basado en el documento homónimo realizado por el autor en el marco del Proyecto Perú Elecciones 2006, cuyo objetivo es elevar el nivel del debate electoral en el país y brindar opciones de política para el gobierno 2006-2011. El proyecto cuenta con la participación del Acuerdo Nacional, la Asociación Civil Transparencia, el CIES, el Instituto de Defensa Legal, el JNE y Propuesta Ciudadana.
Puede descargar la versión completa de este estudio en http://www.consorcio.org/peru2006/